na vez más y desde que fue sancionada la ley 607 del Colegio Público de Abogados se vuelve a insistir en que se debe excluir del acto comicial a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial.
El abogado Clemente Vidal Oliver presentó un recurso de amparo ante el Juez Electoral solicitando se suspenda las elecciones previstas para el próximo viernes atento a que el decreto de convocatoria alcanza a los abogados que ocupan cargos en la justicia. Por otra parte, impugnó el decreto que firmó el gobernador Hugo Cóccaro convocando a las elecciones y solicitó al Poder Ejecutivo derogue el mismo por entender que no se encuadra de acuerdo a lo que establece la ley.
Vidal Oliver sostiene que el decreto 3253/06 que convocaba a elecciones del miembro del Consejo de la Magistratura representante de los abogados de Ushuaia fue modificado posteriormente por el 3371/06, donde se amplió la convocatoria a los integrantes del Poder Judicial, al cual el primero no alcanzaba.
Una vez más se recuerda que el artículo 7 de la ley 607 señala expresamente que "son derechos específicos y exclusivos de los abogados matriculados, en ejercicio de la matrícula y en ejercicio de la profesión, los siguientes: a) Evacuar consultas jurídicas y percibir remuneración no inferior a las establecidas en las leyes arancelarias;
b) defender, patrocinar y representar judicial y extrajudicialmente a sus clientes;
c) guardar el secreto profesional; d) comunicarse libremente con sus clientes respecto de los intereses jurídicos de éstos, cuando se hallaren privados de su libertad; e) la inviolabilidad de su estudio profesional, en resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio. Se establece expresamente la prohibición de allanamiento de los estudios jurídicos y/o la intervención judicial de los teléfonos de los mismos;
f) elegir a un matriculado en ejercicio de la matrícula y de la profesión como representante ante el Consejo de la Magistratura.
Vidal Oliver señala que los abogados del Poder Judicial no cumplen con estas premisas, por lo que mal pueden participar y elegir al representante de los abogados matriculados en ejercicio de la profesión para tener voz y voto en el Consejo de la Magistratura.
De este modo, se pidió a la justicia cautelarmente se suspendan las elecciones y al Poder Ejecutivo Provincial derogue el decreto 3371/06 y se retrotraiga la situación al dictado del decreto 3253/06 que convocaba solamente a los abogados en ejercicio de la profesión.
