a jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo procesó al legislador justicialista Rubén Sciutto y al ex administrador del Fondo Residual, el doctor Ángel Gustavo García Casanovas, por el delito de defraudación a la administración pública. También procesó por el mismo delito al funcionario judicial Aníbal Gerardo Acosta, quien actualmente se desempeña como secretario del Juzgado de Familia y Minoridad del Distrito Judicial Norte.
Barrionuevo dictó el auto resolutorio el pasado 27 de octubre, aunque recién se liberaron las cédulas de notificación durante la jornada de ayer. La decisión de la magistrada fue adoptada en el marco de la causa iniciada por la denuncia del abogado Jorge Pintos, quien fue contratado por la Legislatura para brindar servicios de asesoramiento y que, luego de cobrar, los fondos le fueron solicitados para ser destinados a pagar honorarios cuyo pago –supuestamente– debía afrontar García Casanovas en una causa donde estaba siendo investigado.
A lo largo del proceso quedó demostrado que Pintos y García Casanovas mantuvieron una reunión en Río Grande. De los careos entre ambos, el ex administrador del Fondo sostuvo que el encuentro fue motivo de honorarios que el padre de Pintos le adeudaba, mientras que el denunciante ratificó que fue en torno al contrato de la Legislatura.
"Cuándo y cómo llegó Pintos a la Legislatura provincial no es un dato menor, puesto que siguiendo la versión de Pintos, fue García Casanovas quien le dijo que fuera al despacho del legislador Sciutto, siendo atendido por Gerardo Sciutto, oportunidad en la que también se encontraba García Casanovas", sostiene la jueza.
Por otra parte, Barrionuevo señala que "en cuanto a las firmas obrantes en el contrato en análisis, cabe decir que Pintos al momento de formular la denuncia acompañó un original del contrato en cuestión, donde se advierte que la primera hoja presenta media firma o inicial que refirió haber realizado a pesar de que Gerardo Sciutto le pidió que sólo firmara la segunda hoja. La afirmación de Pintos en cuanto a la realización de esa media firma, en principio parece contradecirse con el contrato original remitido por la Legislatura provincial mediante orden de presentación, en el cual no se advierte la inicial en cuestión; lo que no implica que los dichos de Pintos a este respecto sean mendaces o fabulados como lo siguiere el legislador Sciutto, puesto que si se observan las fotocopias del contrato certificadas por el propio legislador, agregadas a los expedientes de pago 3505, se advierte en la primera hoja la misma media firma o inicial que la obrante en el contrato acompañado por Pintos, lo que me permite inferir que en la Legislatura había dos ejemplares distintos del mismo contrato", sostiene la jueza.
Barrionuevo indica además que Sciutto "firmó con Pintos un contrato de locación de servicios para asesoramiento, el cual nunca fue requerido y por ende nunca fue prestado, habilitándose con ese contrato la maniobra delictiva investigada".
Asimismo consideró probada la "participación activa" del funcionario judicial Acosta, quien fue el que le hizo el contacto a Pintos con Garcías Casanovas por el contrato legislativo.
Barrionuevo procesó a Sciutto, García Casanovas y Acosta por defraudación a la administración pública bajo la modalidad de estafa, y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 21 mil pesos.
La denuncia
En el auto de procesamiento se describen los hechos que denunció Pintos en su momento y la actuación que el mismo tuvo en el desenlace del proceso.
El hecho está descrito de la siguiente manera: "El día 8 de noviembre Jorge Ángel Pintos se reunió con el secretario del Juzgado de Familia y Minoridad de Río Grande, Aníbal Acosta, en el despacho de éste y a su pedido, manifestándole que un amigo del cual le dio teléfono y dirección necesitaba su colaboración...". Agrega que al concurrir a dicho domicilio se entrevistó con García Casanovas y que éste le dijo "que existía la posibilidad de suscribir un contrato con la Legislatura que por razones de incompatibilidad –porque él era funcionario del Gobierno Provincial– no podía suscribir. Agregó que entendía que el denunciante era la persona adecuada para suscribir el contrato. Que al día siguiente ya en la Legislatura fue recibido en el despacho del legislador Rubén Sciutto por su hermano Gerardo, encontrándose también el doctor García Casanovas. Que entregó currículo vitae y fotocopia del DNI, y le manifestaron que suscribirían un contrato hasta fin de año, renovable por un año más. Que el día 11 de noviembre de 2004, suscribió un contrato de locación de servicio, por asesoramiento de la comisión legislativa Nº 3 por la suma de 5000 mil pesos mensuales ante Gerardo Sciutto, secretario de Rubén Sciutto. Que rubricó todas las hojas del contrato. Que comenzaba el 15/11/2004 y fenecía el 30/12/2004. Que a fines de noviembre lo llamaron de la Legislatura para que presentara el libre deuda de Rentas y una factura. Que el día 29 del mismo mes entregó la documentación a una secretaria quien le entregó a su vez una copia del contrato rubricado por el denunciante. Que nunca prestó ningún servicio pero el 17/12/2004 lo llamaron para que vaya a retirar el pago cosa que hizo en horas del mediodía mediante un cheque de la Legislatura del BTF por el valor de 2500 pesos (porque eran quince días) el cual cobró el mismo día, y la documentación de la DGR. Que el 23/12/2004 por la tarde García Casanovas (inmediatamente que el deponente cobrara el cheque) se comunicó con Jorge Pintos y le manifestó que le tenía que entregar un pago. Que ello se debía a que el contrato firmado en Legislatura era un acuerdo con el bloque para poder pagar los honorarios de un juicio en el que estaba imputado y cuyo abogado era el doctor Salvi de la ciudad de Buenos Aires. Que por lo tanto Casanovas le daría al denunciante 600 pesos y el resto del dinero del contrato se lo tenía que dar a él (Casanovas) para que se lo remitiese al estudio del doctor Salvi. Que pocos minutos después llamó una persona que se identificó como Esteban, quien le dijo quien llamaba de parte de García Casanovas y que el declarante le tenía que entregar el pago. Que convinieron en volver a hablar en el día de la fecha 24/12/2004 en horas del mediodía".
| Cuestionamiento de los imputados Los abogados de los imputados, en un momento del proceso, cuestionaron la situación de Pintos por haber cobrado fondos públicos sin haber prestado el servicio por el cual fue contratado. Consideraban que debía ser un imputado más en el marco de la investigación. Este aspecto no fue abordado por Barrionuevo en la resolución, aunque previamente la fiscal de la causa, Marcela Bragulat, dijo que Pintos "actuó como agente provocador del delito", figura utilizada habitualmente en los agentes que prestan servicios de inteligencia, por lo que mal podía ser tenido como imputado. |
| Frontera sobreseído |
