l Consejo de la Magistratura tuvo ayer una sesión sin mayores sobresaltos, en la que solamente sus integrantes dieron ingreso a algunos asuntos y denuncias contra funcionarios del Poder Judicial, aunque sin avanzar en el tratamiento de cuestiones coyunturales.
Cerca de las 11 se reunieron la jueza María del Carmen Battaini (presidenta del cuerpo); el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre (vicepresidente); el abogado por la ciudad de Río Grande, Sergio Saud (secretario); el abogado por la ciudad de Ushuaia, Oscar Suárez; el representante del Poder Ejecutivo, ministro Enrique Vallejos; y los legisladores Nélida Lanzares (PJ) y Roberto Frate (MPF).
Como primer tema se trató un recurso de reconsideración que presentó el abogado Guillermo Gowland debido a que fue excluido en la sesión anterior del concurso en el que se pretende seleccionar un juez de instrucción penal para la ciudad de Río Grande. El argumento del órgano en aquella oportunidad fue que el aspirante no había cumplido con las exigencias de lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno del Consejo de la Magistratura.
El pedido de Gowland fue rechazado por mayoría ya que el consejero Oscar Suárez votó en solitario por hacerle lugar a la reconsideración planteada por el letrado.
Tras esta decisión unánime se decidió publicar el listado de candidatos para el mencionado cargo que solamente tiene como postulantes a cuatro abogados. Los mismos son Mariano Sardi, Eduardo López, Cecilia Incardona y Julián De Martino.
En el marco de las convocatorias, se decidió llamar a concurso para cubrir la vacante que dejará el juez Correccional de Ushuaia, Enrique Calot, a partir del 16 de diciembre, debido a su renuncia por jubilación ordinaria.
No obstante, no se avanzó en ningún sentido con relación al "paralizado" concurso para cubrir la vacante en el Superior Tribunal de Justicia, atento a que la cámara de apelaciones no ha resuelto sobre la continuidad del proceso y la elección del ministro de la Corte.
Dieron ingreso a una serie de denuncias
Por otra parte, los consejeros le dieron ingreso a una serie de denuncias que fueron presentadas por distintas personas.
En principio se le dio formal ingreso a las denuncias que realizara el doctor Eduardo Trotti, funcionario judicial de Río Grande. Concretamente ingresó acusaciones contra el juez Correccional de esa ciudad, Federico Carniel; contra el fiscal Mayor, Alberto Giménez; y contra la jueza subrogante Susana García.
Los integrantes del cuerpo también tomaron conocimiento del pedido de jury que presentó el ex legislador Horacio Miranda contra el juez Carniel. Lo acusa de desconocimiento notorio del derecho al haber –supuestamente– aplicado una ley declarada inconstitucional para dejar en libertad condicional a conocidos delincuentes de la ciudad de Río Grande.
Por último se le dio ingreso a una presentación de Nemesia Tomas Contreras, quien hizo llegar al Consejo de la Magistratura copia de los fundamentos de la sentencia que emitieron los jueces de la cámara de apelaciones en el marco del juicio en donde se investigaba el homicidio de su hijo, Alan Meneses. Al parecer la mujer manifestó su descontento con que el Tribunal haya declarado culpable al imputado del homicidio, pero decidiera diferir la imposición de la pena hasta después de los 21 años.
