ajo el lema "Por el Derecho a la Vivienda y la Tierra", los ocupantes de asentamientos ilegales de la capital fueguina junto a representantes del Foro Social Urbano marcharon ayer hacia el Municipio, la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia, para presentar un documento con el cual volvieron a exigir la regularización dominial de los predios intrusados, en el marco de la crisis habitacional que afecta a la provincia.
Alrededor de setenta manifestantes -entre éstos, habitantes de El Escondido; Raíces; La Bolsita; 10 de Febrero; Mirador de Ushuaia; y referentes del Colegio de Graduados en Servicio Social; APDH; Programa Radial Sangre Barrial y CTA- se movilizaron a media mañana hacia las tres instituciones, en forma pacífica, pero al retirarse del edificio comunal de San Martín al 600, dejaron inscriptos varios muros con insultos contra los funcionarios de ese organismo. Incluso, dibujaron cruces esvásticas en alusión a las imputaciones que siempre están presentes en los discursos de la multisectorial que acusan al ejecutivo de implementar políticas de exclusión y nacistas.
Luis Torres, ocupante del Cerro dos Banderas, explicó que estas escrituras expresan la indignación de la gente que "se ha cansado de tanto manoseo", después de un año de haber participado de espacios de diálogo. Asimismo, recordó que han elaborado un proyecto de Ley de Emergencia Habitacional, que fue formalizado ante las instituciones legislativas y hasta el momento, pese a los intentos, no han podido aunar criterios. Durante la protesta, Torres notó ante los medios de prensa que "son muchos los barrios que no tienen agua, luz y cloacas; y hay un gran defasaje porque vemos que cada vez hay más dinero que entra en el presupuesto, que no se gasta para cubrir esa necesidad".
El sector movilizado finalmente no fue recibido por el Gobierno provincial ni el Superior Tribunal. Sin embargo, la Secretaria de Gabinete municipal Mónica Mendoza, recibió el documento, que fue ingresado formalmente por mesa de entrada, que solicita entre otras cuestiones el mejoramiento de los caminos, construcción de escaleras, colocación de servicios en los sectores que han sido intrusados.
En diálogo con la prensa, Mendoza argumentó que "estamos trabajando en función de las normativas que existen", y al cruce de las acusaciones del Foro Social negó que no existan políticas en materia habitacional, puesto que "están acompañados con normativas que saca el cuerpo deliberativo".
En ese sentido, recalcó que el Municipio ha iniciado importantes trabajos de urbanización, mediante convenio rubricados con algunas entidades que cumplieron con todos los requisitos planteados por ordenanza; como así también ha comenzado a ejecutarse la apertura de calles del Valle de Andorra con la cual se pretende dar solución habitacional a más de 600 familias.
En transición
Si bien Mónica Mendoza consideró la necesidad de muchas familias asentadas en forma irregular, afirmó que "esto no se trata de caprichos, sino que son lugares que no están preparados para urbanizarse". De esta manera, confió en que poco a poco mediante un trabajo mancomunado la situación podría ir destrabándose, aunque todavía señaló que resta que el Gobierno nacional dé viabilidad al pedido de traspaso de tierras ociosas a la Provincia, hecho que será trascendente para descomprimir esta situación emergente.
La funcionaria mopofista reconoció a el diario del Fin del Mundo que a pesar de las limitaciones que aparecieron en el camino, "se ha iniciado un debate serio" .Opinó que el problema pasa por abordar el problema sin salir de las normativas vigentes y trabajando seriamente en conjunto para enfrentar la coyuntura, ya que, de lo contrario -advirtió- continuarán los enfrentamientos de vecinos contra vecinos, vecinos con autoridades, etc.
