l legislador del ARI, José Martínez, presentará hoy un recurso de amparo ante la Justicia provincial con el objeto de que obligue al Gobierno de la Provincia a brindar información de la ejecución presupuestaria y los gastos corrientes que ejecuta, tal como lo dispone la ley de información pública.
Martínez le explicará al juez que tome la causa que ha realizado reiteradas solicitudes al Ministerio de Economía invocando la ley vigente que obliga a los tres poderes del Estado a otorgar toda aquella documentación e información -sin que ello implique violación de la intimidad- y que hasta el momento no se está cumpliendo.
Ya existe un antecedente más que acabado en donde el juez Civil y Comercial, Juan José Ureta, obligó al propio Superior Tribunal de Justicia a informar a la ONG Participación Ciudadana sobre las designaciones y gastos de viáticos que realizaba el Poder Judicial fueguino.
El amparo a presentar sostiene que "ese derecho humano a la información, busca resguardar, explícitamente, la posibilidad de que las personas tengan "la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección". Además, como lo ha afirmado la Corte Suprema nacional, este "derecho de información, de naturaleza individual, adquiere conexión de sentido con el derecho a la información, de naturaleza social, al garantizar a toda persona el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos".
El parlamentario sostiene que "la ley 653 muy claramente dice que la información que debe facilitarse al requirente, lo es incluso sin perjuicio de la que debe producir y publicar el organismo requerido".
En la presentación Martínez cita a al doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien sostiene que el derecho a la información "puede ser ejercido por cualquier persona, incluso por los niños, pero el efecto multiplicador del mismo se da, de manera especial, en este momento, por la intervención de los profesionales de la información y la particular incidencia de los medios masivos de comunicación. Estos ejercen un derecho y a su vez, cumplen con un deber de justicia para con el pueblo, porque sin información es imposible participar y vivir en sociedad".
Por esa razón considera en ese aspecto que "el principio cuarto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que "el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas".
Por esta razón, el legislador del ARI pretende que se le haga lugar al amparo y se ordene al Gobierno de la Provincia y al Ministerio de Economía a que brinden la información presupuestaria y el estado de ejecución de las partidas para tener un panorama económico cierto de la realidad provincial.
