os directores del Instituto Provincial Autárquico de Seguridad Social, Mirta Torres y Vicente Sinchicay, radicaron ayer una denuncia penal contra el Gobierno de la Provincia, solicitando que se investigue si el "incumplimiento en el depósito de fondos en concepto de aportes y contribuciones al organismo de seguridad social, en tiempo y forma, constituye delito".
La demanda fue planteada en la Fiscalía de turno, según manifestó el representante de la CTA en el megainstituto, quien observó que la deuda acumulada en este año por el Ejecutivo, y que motivó la decisión que adoptó junto a la dirigente de la clase pasiva, "es mucho mayor a la reclamada por el directorio, vía carta documento de intimación al pago; puesto que también debe contemplarse el incumplimiento del pago de las contribuciones patronales que establece la ley".
"Lo que le solicitamos al fiscal de turno es que se investigue si el no pago de los aportes que se le retienen a los trabajadores, y de las contribuciones patronales, en tiempo y forma, constituye la comisión de un delito", explicó Sinchicay, quien argumentó que "la intimación del directorio debió plantear una advertencia de demanda civil por el no pago, pero no la de carácter penal".
"Esta última debe realizarse sí o sí", opinó el director del organismo de seguridad social, toda vez que, según dijo, "el incumplimiento del pago en tiempo y forma tiene que ver con la conducta de los funcionarios y no se altera por más que pague antes del plazo del reclamo formal".
