l Colegio Público de Abogados de la ciudad de Río Grande envió un escrito al Consejo de la Magistratura, en donde informa la creación de una comisión investigadora para evaluar el accionar del Fiscal de Estado, quien se opuso a que dos abogados de la municipalidad de esa ciudad pretendieran cobrar honorarios en un pleito entablado contra la Provincia.
La nota enviada al órgano de selección y remoción de jueces cuestiona el dictamen del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, integrante a su vez de ese cuerpo, por haberse manifestado en contra de la percepción de honorarios de los abogados Francisco Ibarra y Daniel Garay en el marco de la causa "Municipalidad de Río Grande c/provincia de Tierra del Fuego s/ejecución fiscal". Ambos letrados se desempeñan en el área letrada del municipio.
El escrito firmado por Francisco Giménez, presidente del colegio, sostiene que Ibarra y Garay "hicieron uso de su derecho constitucional de recurrir a la justicia para que determinen su derecho o no a la percepción de honorarios regulados judicialmente y que, ante ello, el señor Fiscal de Estado califica al ejercicio del derecho en términos desmedidos e indecorosos que afectan la dignidad de la profesión". Considera el representante de los letrados que Martínez de Sucre "se dirige en forma indecorosa e irrespetuosa hacia los letrados Ibarra y Garay, actitud ésta que no puede pasar desapercibida para este Colegio Público y merecen nuestro rechazo y nuestro repudio".
Por otra parte, Giménez consideró que "resulta inadmisible que el Fiscal de Estado, que por mandato constitucional y legal tiene por fin asegurar el imperio de la Constitución, califique al ejercicio del derecho constitucional de acceso a la justicia como de "gravísima conducta llevada adelante" y que además solicite al Intendente municipal la aplicación de "medidas correctivas disciplinarias" para los letrados". Además señala que en la nota del Fiscal de Estado el funcionario tiende "un infundado manto de sospecha acerca del desempeño del señor juez a cargo de la causa, Aníbal López Tilli, y de otros funcionarios judiciales, acusándolos de actuar con "llamativa celeridad" a favor de los letrados".
Los integrantes del Colegio anunciaron a los integrantes del Consejo de la Magistratura que formará una comisión "a los efectos de analizar las actuaciones" del Fiscal de Estado en el marco de la mencionada causa judicial.
