as autoridades locales de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) expresaron su conformidad con el planteo de la gobernadora electa, Fabiana Ríos, de que los cargos que ostentan los miembros del Tribunal de Cuentas dejen de ser vitalicios y sean ocupados por un período determinado.
Un planteo del sindicato
La secretaria general de la seccional provincial de APOC, Elisa Dietrich, recordó que el sindicato que representa "fue el primero que planteó en su momento la necesidad de que los cargos de los máximos representantes del Tribunal de Cuentas dejen de ser permanentes, porque los hechos demuestran que la acumulación de poder en este espacio y la falta de una Legislatura sana que pueda controlar la gestión de este órgano de control han viciado totalmente los objetivos que le fueron trazados".
La representante sindical opinó que "los cargos vitalicios son importantes únicamente cuando se cuenta con un Poder Legislativo que está a la altura de las circunstancias y es capaz de velar, controlar, y juzgar si es necesario, la conducta de las autoridades del Tribunal de Cuentas".
"Pero, lamentablemente, esto no se ha dado a lo largo de la historia de la institución de control", se quejó, "así que considero que debe discutirse una nueva forma de elegir a las autoridades del organismo".
Estrictamente técnico
Adelantó en ese sentido que, cuando se trate el asunto en cuestión, "de ninguna manera vamos a alentar o a permitir que la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas tenga carácter partidario, o sectorial".
"Consideramos que las autoridades del organismo deben ser técnicas, y en ningún momento deben abandonar este carácter porque valor, su peso y su gestión debe pasar estrictamente por lo técnico", subrayó.
Dietrich argumentó la postura de su sector señalando que "si el trabajo técnico que se hace luego se desvirtúa por las decisiones políticas de las autoridades, queda desnaturalizada la gestión del Tribunal de Cuentas".
Co responsables de la crisis
En otro orden de cosas, Dietrich adjudicó "una responsabilidad ineludible" a los miembros del Tribunal de Cuentas, en la crisis económica y financiera que actualmente se registra en la Provincia de Tierra del Fuego, "por haber mantenido a lo largo de todos estos años una actitud de no opinar sobre las cuentas generales del estado provincial".
La dirigente justificó su postura en el hecho de que "desde el cuerpo técnico del organismo le hemos dado los elementos suficientes como para formarse perfectamente una opinión y elaborar un dictamen esclareciendo a la sociedad sobre la mala administración con la que se han llevado adelante las cuentas del esta provincial".
Observó, por ejemplo, que "el hecho de que no existan registros contables fiables en la Provincia, implica que ninguna cuenta es confiable".
Facultados para exigir
La dirigente de APOC rechazó la excusa de que no pueden controlar porque el Gobierno no les gira la información que necesitan, presentada por los integrantes del órgano de control a la Legislatura, y remarcó que "la ley 50, tal como está, les da elementos suficientes a las autoridades del Tribunal de Cuentas para que puedan exigir la documentación que se les retacea".
"Lo que ocurre es que esos elementos legales con que cuentan no son usados como se debería", fustigó, para señalar luego su convencimiento de que "si las autoridades del Ejecutivo de la Provincia no presentan la documentación, esa omisión no debe considerarse únicamente como una mera tramitación burocrática de la insistencia, sino que deben ensayarse todas las acciones legales que sean necesarias para que se corrija la infracción".
Dietrich señaló que "el Ejecutivo está obligado a entregar la información en tiempo y forma", por lo que "el retaceo de la documentación debe ser sancionado. Pero jamás se concretó ninguna medida porque el Tribunal de Cuentas no acciona".
