Gremio de la construccion

Responsabilizan al Gobierno por inminente caída de fuentes de empleo en el sector

16/09/2007
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as autoridades locales de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) responsabilizaron al Gobierno provincial de la inminente pérdida de "entre 600 y 800 puestos de trabajo" en la isla, debido a que "aún no se adjudicaron las obras públicas presupuestadas con fondos de la Nación".
"Creemos que la situación de nuestro sector se va a complicar muchísimo a partir de noviembre, en virtud de que el IPV no adjudicó ninguna obra, a pesar de que las que ese organismo está ejecutando actualmente finalizan justamente en ese mes", expresó son suma preocupación el secretario general del sindicato de la construcción, José Salinas.

La teoría del "complot"

El citado sindicalista confirmó que a partir de ese momento "se van a quedar sin trabajo unos ochocientos compañeros de nuestro sector", hecho que calificó como "un complot político" contra la Administración entrante, toda vez que "se trata de obras que la nación ya las aprobó, y únicamente resta que las adjudiquen".
El dirigente recordó que "inclusive ya se convocó a licitación de las mismas, pero luego decidieron mandarlas para atrás, aduciendo cualquier pelotudez", hecho que lamentó que "la Provincia no va a poner un mango para que se ejecuten esas obras".

También de "incompetencia"

Salinas señaló que Tierra del Fuego tiene aprobado por el Gobierno nacional la construcción de diez escuelas y 5 mil viviendas, "que no se van a ejecutar por la desidia de este Ejecutivo  Provincial", e indicó, por ejemplo, que "para las obras de infraestructura en el Pipo nación aprobó casi 50 millones de pesos, y para hacerlo ni siquiera llamaron a licitación".
"Pero, producto de la inutilidad de este Gobierno, no sólo que nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, poniendo en riesgo la situación de alrededor de 800 familias, sino que el propio estado provincial se va a quedar sin percibir recursos, porque si bien las obras se ejecutan con dinero de la nación, cuando se entreguen las viviendas sus ocupantes las van a pagar al IPV, que es quien se queda con los fondos de recupero", observó.
Además de sospechar de la existencia de una suerte de complot, por parte del actual Gobierno, Salinas ubicó el problema en el marco de la "incompetencia" de la Administración coccarista, a cuyos funcionarios acusó de ser "una manga de inútiles que ni siquiera son capaces de gestionar la realización de una obra".

Discusión con Cófreces

De todos modos, anotó que "nosotros seguimos discutiendo con (el presidente del IPV, Jorge) Cófreces, por otras obras que quiere tirar para atrás porque algunos funcionarios del Instituto Provincial de Vivienda le recomiendan que no las adjudique".
Anotó que "si ya antes no hacían nada, ahora que ya se están por ir hacen menos todavía. Las pocas obras que licitaron las tiraron para atrás, y por las demás obras ni siquiera licitaron".
"La construcción de diez escuelas que nación le aprobó a la Provincia ni siquiera fue licitada todavía", se quejó Salinas, quien advirtió que "de esta manera, el estado de Tierra del Fuego dejará de percibir alrededor de 150 millones de pesos".

Contradicciones oficiales

El titular de la UOCRA fueguina destacó la "contradicción que existe en el seno de la clase dirigente de Tierra del Fuego, ya que por un lado sacan una ley de emergencia habitacional y por el otro ni siquiera pusieron en marcha la construcción de cinco mil viviendas que se aprobó con fondos de la nación, a pesar de que tienen tierras por todos lados".
"Nosotros sabemos que si en el transcurso de esta semana el IPV no adjudica algún tipo de obras, para que tengamos trabajo, entre noviembre y diciembre van a quedar entre 600 y 800 trabajadores nuestros sin sus puestos de empleo, lo cual generará un problema social más grande, porque ni siquiera van a poder insertarse en otra actividad laboral", fustigó el sindicalista.
Salinas advirtió que si no se corrige pronto la situación enunciada "dentro de poco, en vez de haber una  carpa frente a la Casa de Gobierno, van a haber cuatro o cinco", por lo que lamentó que "la gobernadora electa aún no nos hada otorgado la audiencia que nosotros le hemos solicitado para plantearle esta situación".

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