a existencia de serias inconsistencias en la información aportada por el Gobierno respecto del estado de las finanzas provinciales al 30 de junio de este año, la certificación de que los compromisos salariales asumidos por el Gobierno superan el crédito presupuestario autorizado y las deficiencias en los procesos de seguridad del Sistema Integral de Gestión Administrativa surgen como las conclusiones más trascendentes del informe que el Tribunal de Cuentas elaborara sobre la situación financiera de la Provincia al 30 de junio de 2007.
En el trabajo desarrollado a solicitud de la Legislatura, el órgano de control refiere que el Gobierno contrajo obligaciones salariales que superan el monto asignado a tal fin por la ley de presupuesto, y que por ello se está evaluando la conducta de los funcionarios responsables de haber incurrido en lo que consideran constituye "una falta grave que corresponde ser reprochada con severidad".
Adentrándose de lleno en la evaluación de la finanzas provinciales, menciona que al analizar la situación del Tesoro detectó la existencia de contradicciones entre la información suministrada por la Tesorería y el Banco en cuanto a las cuentas y plazos fijos que el Gobierno tiene en la entidad, y a los saldos de ésas. La diferencia entre los datos de unos y otros ascendería a los 4 millones para los saldos de cuentas y a 10 millones para el caso de plazos fijos.
Se indica que de acuerdo a los datos suministrados por la Tesorería, el déficit del Tesoro ascendía a mediados de año a los 171,2 millones de pesos, pero que dado "el carácter provisorio de las cifras informadas" y las "debilidades que presenta el sistema informático SIGA" resulta imposible afirmar que los datos en cuestión "representen en forma razonable la situación financiera".
Se indica que también existen divergencias en torno a la existencia de adelantos de coparticipación y regalías, ya que no se informa que entre septiembre y noviembre de este año las petroleras deducirán de sus pagos a la Provincia 6 millones de pesos que fueron adelantados en concepto de pago de regalías en abril de este año.
Uno de los aspectos más llamativos y preocupantes de este informe es el referido al funcionamiento del "Sistema Integral de Gestión Administrativa", que fue presentado como la solución a las graves falencias que presentaba el sistema de registración contable de la Provincia, situación esa que derivó en 2005 en un juicio político que le costó la destitución al por entonces gobernador Jorge Colazo, y que habilitó su reemplazo por Hugo Cóccaro.
En cuanto a la auditoría del programa SIGA se menciona que la empresa Nómade Soft, proveedora del mencionado programa, "indica que el Gobierno de la Provincia ha solicitado numerosas modificaciones", y que "los módulos que sufrieron más adaptaciones fueron los de ejecución presupuestaria de gastos y recursos, como así también cambios que afectan los procesos de seguridad del sistema".
