os vocales del Tribunal de Cuentas Rodolfo Fehrmann y Claudio Ricciuti radicaron una denuncia penal contra el ex ministro de obras Públicas Omar Deluca, el subsecretario de Infraestructura Victoriano Moya, el director Provincial de Infraestructura y Emergencia Patricio Lambert y el director Provincial de Infraestructura y Obras por Administración Carlos Luquez, en el entendimiento de que los mencionados pueden verse involucrados en una maniobra preconcertada para la compra de 106 mil litros de pintura por un monto de 1,7 millones de pesos.
Desde el organismo de control se entiende que los funcionarios "que han intervenido en la adquisición de pintura destinada a edificios educativos" serían responsables del presunto delito de "defraudación contra la administración pública y/o incumplimiento de deberes de funcionario público y/o falsedad ideológica de documento público".
En la presentación realizada ante la Justicia se menciona que de la investigación realizada se desprende la existencia de "fuertes indicios de que el procedimiento administrativo para la compra de pintura para edificios escolares provinciales fue articulado con posterioridad a la real adquisición de la misma y teniendo de antemano seleccionado la proveedor", lo que además de constituir "una clara violación a toda reglamentación referente al sistema de contrataciones del estado, podría configurar la comisión de un hecho ilícito tipificado en el Código Penal", se sostiene en la denuncia.
Los hechos
Del seguimiento cronológico realizado por el Tribunal de Cuentas del expediente caratulado "Secretaría de Infraestructura y Emergencia. Adquisición de materiales para edificios educacionales de la Provincia", surge que el 2 de febrero de este año el ministro Vallejos ordenó realizar el un relevamiento sobre el estado de la pintura de las escuelas, y que le 5 de ese mismo mes el Director de Servicios Auxiliares del Ministerio de Educación solicitó que se realizaran todas las tramitaciones pertinentes para realizar trabajos de pintura en las escuelas provinciales.
24 hora después de formulado el requerimiento, el Director de Infraestructura y Emergencia Patricio Lambert le dirigió al Subsecretario de infraestructura y Emergencia, Victoriano Moya, un informe técnico en el que indicaba que "en virtud de los cálculos efectuados se estima que deben adquirirse 106.000 litros de pintura", y al que adjuntó 3 presupuestos de firmas del ramo, todos fechados el lunes 5 de febrero, juzgando como "la oferta más conveniente la de Distribuidora Tierra del Fuego".
Ese mismo día, el Subsecretario Moya solicitó al ministro Deluca la adquisición de la pintura, quien el jueves 23 de febrero autorizó la contratación con Distribuidora Tierra del Fuego por 1,7 millones de pesos. La empresa facturó la venta el 7 de marzo, habiendo entregado la mercadería entre el 28 de febrero y el 2 de marzo.
Se indica que el relevamiento realizado por personal técnico del Tribunal de Cuentas en dependencias del Ministerio de Obras Públicas de Río Grande permitió saber que la pintura fue recibida "hacia la primera quincena de febrero", y que "la mercadería del primer camión y parte del segundo fue entregada sin comprobante previa indicación telefónica de los señores Colombrera o Rivero", y que además se corroboró que "existen entregas desde el 6 de febrero, siendo la mayoría de ellas anteriores a la fecha de autorización del gasto y emisión de la orden de compra", pero que se carece de documentación "que permita determinar la cantidad de pintura realmente ingresada".
Se agrega que otra documental colectada "permite concluir que ingresó (a la Provincia) gran cantidad de pintura de esas características con anterioridad a la suscrición del acto administrativo que autoriza la contratación y sin ningún tipo de actuación administrativa de respaldo, resultando llamativo que una empresa de la provincia adquiera para mantener stock tantos litros de pintura para futuras ventas casualmente del mismo tipo y color que las requeridas por el Estado Provincial para los establecimiento educativos", salvo que el proveedor estuviera "previamente designado antes de efectuar el trámite de rigor, trasformando en ideológicamente falso las constancias insertas en las actuaciones administrativas".
Esta denuncia, además de constituir la primera que involucra directamente a funcionarios de la gestión Cóccaro, podría constituir un duro golpe para el gobernador fueguino, ya que se menciona que un familiar suyo tendría vinculación con el comercio al que se relaciona a esta supuesta irregular compra de 106 mil litros pintura.
