on más cinco mil trescientos avales, vecinos y organizaciones de Ushuaia formalizaron ayer ante Legislatura de Tierra del Fuego el pedido de derogación de la Ley 746 de "Emergencia Habitacional", en repudio al aumento de las usurpaciones masivas y organizadas y al inminente riesgo ambiental que significa el avasallamiento de los bosques que rodean a la ciudad capitalina.
A media tarde, la Fundación Finisterrae, los Fueguinos Autoconvocados y vecinos adheridos presentaron formalmente en la mesa de entradas del Parlamento fueguino la solicitud acompañada por una copia de las 5302 firmas que se adhirieron a la iniciativa, que busca que se deje sin efecto la ley que entró en vigencia en julio pasado. Según denuncian, la normativa favoreció el crecimiento de la población asentada, puesto que estableció el cese de los desalojos y quitó el poder de policía al Municipio para llevar a cabo los controles.
La presidenta la organización ambientalista Finisterrae, Graciela Ramaciotti, destacó que "nuestro pedido refleja la voluntad de gran parte de la población". Tras los resultados obtenidos en esta iniciativa adujo que "se puede hacer un balance importante, porque las más de cinco mil voluntades expresadas significan un número muy superior al alcanzado por diputados y senadores que participaron en la elección del domingo pasado. Por eso la validez de nuestro pedido es muy importante".
Asimismo, la referente adelantó que continuarán con la junta de firmas, para hacer "una ampliación a este pedido", al anotar que existe un gran descontento en la población ante el crecimiento desmedido de ocupaciones irregulares y la constante amenaza al patrimonio natural de la ciudad.
Piden justicia
Del mismo modo, el sector movilizado hará otra presentación ante el juez de Instrucción de Primera Nominación, Javier de Gamas Soler, quien hace tres semanas dictó un fallo que instó al Gobierno de la Provincia y a la Municipalidad capitalina a que se coordinen las acciones para controlar el crecimiento de los asentamientos ilegales.
La presentación también exige el inmediato accionar de los organismos responsables para cumplimentar las normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas a tal efecto; y asimismo pide la obediencia al dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente, que advierte sobre nefastas consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las personas, del medioambiente y de los intereses de la comunidad en su conjunto.
Inconstitucional
En tanto, los vecinos y organizaciones sostienen que existen serias irregularidades en la Ley de Emergencia Habitacional, tal como ya lo han cuestionado las municipalidades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, que oportunamente solicitaron el veto, al advertir que la legislación invade sus competencias y la misma Legislatura se arroga funciones ejecutivas.
Al respecto, una de las vecinas promotoras de la junta de firmas, María Falcón, indicó: "Se están legitimando las usurpaciones; y en la práctica la Mesa Institucional creada en el marco de la ley está conformada mayoritariamente por los mismos intrusos que mocionan y avalan los dictámenes formulados en su seno". Por eso, sostuvo que las firmas recolectadas la última semana expresan el reclamo contundente de muchos vecinos que también deben soportar con sacrificio los inconvenientes de la falta de vivienda y el mercado inmobiliario desregulado; sin embargo respetando las normas vigentes, y la espera de una oportunidad de acceder a la vivienda. "La gente siente que sus derechos son postergados indefinidamente por quienes ocupan ilegalmente y piden soluciones inmediatas por encontrarse en emergencia total", dijo Falcón.
Por eso la vecina remarcó que resulta imprescindible que las próximas autoridades municipales y provinciales trabajen en conjunto para lograr una solución a mediano y largo plazo teniendo como base un proyecto serio elaborado por personas idóneas en el tema.
