a primera sesión ordinaria del año, que debía desarrollarse mañana, debió ser postergada para el jueves 3 abril por el paro de actividades que dispuso el gremio legislativo a partir del día de hoy (ver nota "Empleados resolvieron...").
La resolución fue adoptada por los parlamentarios ayer por la tarde, luego de una prolongada reunión que mantuvieron con el presidente del cuerpo, Carlos Bassanetti. En ese encuentro, según trascendió, los legisladores reclamaron precisiones al Vicegobernador sobre el acuerdo alcanzado para el alquiler del ex restaurante "El Almirante", en el que funcionará el recinto de sesiones, como así también sobre dos plazos fijos por un total de 300 mil pesos que fueran colocados por la Legislatura en el Banco de la Provincia a fines de mes pasado.
Además de la postergación de la sesión, también se suspendió la reunión de la Comisión de Legislación General que había sido convocada para las 11 de hoy, y en la que debía comenzarse a analizar el proyecto de reforma a la ley de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y a la que habían sido invitados representantes del Superior Tribunal de Justicia, los titulares del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría Pública, e integrantes de los colegios de abogados de Ushuaia y Río Grande. Si bien en un principio se evaluó la alternativa de llevar adelante, de todas maneras, el encuentro, la posibilidad cierta en el horario previsto el gremio desarrollara una asamblea en la sala de comisiones frustró esa opción.
La actividad parlamentaria continuará paralizada hasta el viernes, siempre y cuando ese día se abone el saldo restante de los salarios correspondientes al mes de febrero. La medida de fuerza dispuesta por APEL generó malestar entre los integrantes de la bancada oficialista. La legisladora Elida Deheza difundió una gacetilla de prensa cuestionando la determinación gremial.
"El sindicato tiene el deber y la obligación de tomar decisiones en función de las personas que representa. Sobre ello es obvio que nada se puede opinar", indicó, pero
señaló que "el Gobierno no está pidiéndole a los trabajadores un acompañamiento político, sino la comprensión, a todos los sindicatos, para que entiendan que los sueldos no se pueden pagar en tiempo y forma en su totalidad porque hay una situación de precariedad de la que ningún dirigente sindical ha sido ajeno en estos años. Por ejemplo en 2007, todos los sindicatos, particularmente los nucleados en la CGT, han denunciado el robo institucional perpetrado por la gestión del ex gobernador Cóccaro. Ésa es mi disidencia con la medida de fuerza", sostuvo.
