En lo personal me gustaría que se pueda acceder a la apertura de las declaraciones de ex funcionarios, porque me parece que eso debió haber sido siempre así", indicó el Presidente del Tribunal de Cuentas al ser consultada si opinión sobre la presentación efectuada ante ese organismo por el bloque de legisladores del ARI, en la que solicitan se proceda a la apertura de las declaraciones juradas patrimoniales de ex funcionarios sometidos a juicio de residencia. Ahora, en cuanto al factibilidad legal de la solicitud, Rodolfo Fehrman dijo que el tema a dilucidar pasa justamente "por determinar jurídicamente cuáles son los alcances y las posibilidades de que esta nueva legislación tenga una especie de efecto retroactivo, pero sobre ese punto no tengo todavía una definición ya que eso está siendo evaluado por la asesoría letrada del Tribunal".
Fehrman indicó que al "tema le hemos dado prioridad por el carácter de interés público que tiene, así que estimo que después de Semana Santa habría ya un pronunciamiento".
A modo de aclaración, el funcionario indicó que a partir de la reforma a la ley de declaraciones juradas se fijó "la apertura de las declaraciones juradas de aquí en adelante, pero solamente en una parte de ellas porque no todo el contenido de las declaraciones juradas va a ser de carácter público sino solamente aquellos aspectos donde se puedan advertir los cambios patrimoniales".
Es de destacar que al día de hoy la ley no tiene todavía plena vigencia ya que aún el Poder Ejecutivo no procedió a reglamentarla.
Para zanjar la cuestión, el Tribunal de Cuentas podría ir en consulta a la Justicia, para que sea el Superior Tribunal quien resuelva si lo peticionado por el ARI se ajusta a derecho, pero según trascendió la intención del órgano de control es la de expedirse sin dilatar los plazos para ello.
"A esa cuestión no le doy demasiada trascendencia"
En cuanto al planteo de la Asociación de Personal del Organismo de Control, que reclama que en la nueva ley orgánica del Tribunal de Cuentas se mantenga la calidad de auditores de otros profesionales más allá de los contadores, Fehrman señaló que es una cuestión semántica a la que no le da mayor trascendencia.
Indicó que si el "término auditor se toma como sinónimo de controlador, todos los profesionales que están ejerciendo algún tipo de actividad en ese sentido, desde la revisión de un expediente hasta el pronunciamiento de parte de los vocales, todos podríamos ser catalogados como auditores", pero aclaró que las "auditorías eminentemente contables, que son materia exclusiva de los contadores, tienen un alcance muy específico y definido, que tiene que ver con los estados contables. Lo que pasa es que los insumos de información para que se elaboren los estados contables surgen de distintas operaciones, entre las que, por ejemplo, está la obra pública, y de allí que haya otros profesional que hagan auditorías".
Manifestó que para superar esta polémica terminológica, en el proyecto que se está discutiendo en la Legislatura "quedó planteado que los auditores fiscales pasarán a ser contadores fiscales, para lo que se debe ser contador público, y que serán ellos los que encabecen el control en cada dependencia cuentadante, sin perjuicio de la necesidad de contar con el aporte o asistencia producida por profesional en otras disciplinas, los que en algunos casos van a tener el mismo nivel de jerarquía salarial que los contadores fiscales", pero sin que reciban la designación de auditores.
