l violento operativo de desarme realizado por el Municipio a fines de marzo en la zona alta de Andorra volvió a tener sus derivaciones en el seno del Concejo Deliberante. Ayer ingresó y tomó estado parlamentario un segundo pedido de juicio político al intendente Federico Sciurano, esta vez presentado por un familiar del dueño de la estructura que intentó retirar el Ejecutivo en el frustrado operativo municipal.
Así como el planteo que realizó el vecino Francisco Iriarte la semana pasada, el nuevo pedido de juicio político fue enviado a la Sala Acusadora para analizar su prosecución o desestimación. Evaluarán los fundamentos los ediles Damián De Marco (MPF), Omar Coria (UCR) y Luis Cárdenas (Partido Federal Fueguino).
La nueva misiva en contra de Sciurano la presentó Marcela Mariana Pallero al que le imputa comisión de los delitos en el cumplimiento de sus funciones, comisión de delitos comunes dolosos, mal desempeño de sus funciones, indignidad y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo conforme lo previsto por el artículo 250 de la Carta Orgánica Municipal.
De acuerdo a la versión de Pallero, el Intendente violó el artículo 8 de la ley Provincial 746 de Emergencia Habitacional en el "procedimiento de desalojo de la vivienda ocupada por una familia" que se realizó el pasado 28 de marzo en la quinta Nº 138 del Valle de Andorra.
Críticas a la Mesa Institucional
En la sesión ordinaria de ayer, los distintos bloques políticos unificaron sus críticas hacia la Mesa Institucional creada en el marco de la Ley de Emergencia. La primera en lanzar sus discrepancias en contra del espacio creado por la polémica legislación fue la oficialista Adriana Chapperón, que aseguró que ese ámbito sólo "sirve para que las instituciones y sectores" que la integran se agredan. "La crisis no se resuelve con una mesa sino con políticas de Estado que nos ayuden a encausar esta problemática", indicó.
De igual forma repartió críticas para los legisladores que promueven el ámbito creado por la ley 746. "No vi a ningún legislador que nos hable de cómo resolver la crisis", afirmó.
Por su parte el mopofista Damián De Marco instó a los organismos oficiales y en particular a la Provincia y al Municipio a "trabajar en conjunto para resolver la crisis habitacional".
Otro de los que se expresó sobre la Mesa Institucional fue el presidente de la Cámara, Cárdenas, que dijo que ese espacio sólo generar controversia entre los distintos entes. Los distintos bloques también apuntaron en contra del IPV que anunció esta semana que en el periodo 2008 sólo se entregarán 200 viviendas a Ushuaia.
Ordenanzas aprobadas
Promovidas por el oficialismo municipal, el Concejo aprobó por unanimidad dos ordenanzas que promueven la participación ciudadana en las decisiones del Estado Municipal. Los dos proyectos fueron consensuados con la ONG que lleva ese nombre.
La primera de las iniciativas instrumenta el procedimiento de audiencia pública para la ratificación del Gabinete Municipal. El texto de la ordenanza indica que las resoluciones de la audiencia no serán vinculantes. La convocatoria y presidencia de los encuentros estarán a cargo del Intendente o los funcionarios que sean designado por el Jefe comunal. Igual mecanismo se utilizará para la ordenanza que instituye el mismo procedimiento previo a la sanción del Presupuesto Municipal y cierre de ejercicio.
| Alarmante pronóstico ambiental por deforestación La titular de la asociación Finisterrae, Graciela Ramacciotti, utilizó ayer el espacio de la banca del vecino para reclamar por la creación de la Reserva Natural de la cascada del Arroyo Buena Esperanza. Además solicitó que el Municipio actúe en el fuero civil para que los ocupantes de la zona alta del Cañadón "De las no me olvides" abandonen la ocupación ilegal en ese sector boscoso de Ushuaia. Por último, la representante de la ONG le solicitó a los ediles aprueben el proyecto de declaración ambiental. |
