l ministro de Gobierno Guillermo Aramburu y el subjefe de la Policía de la Provincia, Herminio Soloaga, concurrieron el viernes último a la citación del juez Eduardo López para que dieran explicaciones en torno a los incidentes acaecidos en las últimas semanas en la Unidad de Detención de Río Grande. Lejos de arribar a una solución concreta, tras el encuentro con el juez la Jefatura policial terminó relevando al jefe de la unidad de detención, el comisario Sergio García.
Aramburu dijo que "le manifestamos (al doctor López) que es criterio de esta gestión propiciar soluciones a corto y largo plazo; porque recordemos que el servicio penitenciario se corresponde con una política de Estado y que a juicio de esta gestión se debe comenzar por la separación de las fuerzas, habida cuenta que el objetivo de una y otra es distinto".
"Tenemos un servicio penitenciario que depende de la Policía, y que debe velar por la seguridad ciudadana", amplió Aramburu, quien contrapuso la misión enunciada con la del Servicio Penitenciario, "que apunta a la resocialización de los internos".
A través de un comunicado oficial, Aramburu deslindó responsabilidades del Gobierno y prefirió transferir la puesta en marcha del servicio penitenciario a la Legislatura. En este sentido, consideró que "como primera medida se requiere una instrumentación legal para poder efectuar estas modificaciones, que tiene que pasar por la Legislatura", porque "cualquier implementación de un objetivo específico penitenciario requiere una ampliación presupuestaria a los fines de poner destino a los recursos".
El Ministro remarcó que "la necesidad de reorganizar la estructura carcelaria surge de la problemática que enfrentan diariamente los agentes de la Unidad Penitenciaria para contener a los internos", y añadió que "las autoridades están alarmadas por las requisas a los reclusos que arrojaron como saldo una gran cantidad de objetos punzantes en poder de los mismos".
