l presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume, confirmó que la Corte fueguina trabaja en un proyecto de reforma del Código Procesal de la Provincia, y que el mismo bien podría "ir de la mano" del que presentaron el mes pasado los representantes del Ministerio Público Fiscal de Ushuaia.
Sagastume consideró que el proyecto elaborado por los fiscales Guillermo Mássimi y Oscar Fappiano –que luego fue tomado por el Ejecutivo Provincial para ser remitido a la Legislatura con trámite de urgencia– podría llegar a ser "una norma beneficiosa", aunque aclaró que previo a su sanción "merece un análisis concienzudo por parte de los legisladores". El Ministro de la Corte fundamentó su posición en que el minucioso estudio del tema se debe a que "se trata nada más y nada menos que de una reforma al Código Procesal en un tema tan sensible como es, quizás, la disminución de penas en aquellos imputados que colaboren en determinados delitos contra la administración pública".
Al ser consultado si la modificación podría llegar a avasallar el derecho a defensa, respondió que "esa es una de las cuestiones que puede plantearse y por eso hay que analizarlo bien. O sea, ver qué derecho de defensa podría de alguna manera perjudicar. El de terceros, no facilitador o no colaborador. Por eso digo que si bien tiene las mejores intenciones y no es una mala técnica legislativa el proyecto, todas estas cuestiones tienen que ser analizadas, no sea cosa que, una reforma bien intencionada termine generando nulidades, afectaciones, tanto al derecho común como a los pactos internacionales, y en vez de tener una solución tengamos un problemón".
Con proyecto propio
Por otra parte, Sagastume admitió que el Superior Tribunal está en vías de conformación de "la comisión de necesidad de reforma" con el objeto de elaborar un proyecto propio, aunque aclaró que "va de la mano con el que ha planteado el Ministerio Público".
Sagastume explicó que la iniciativa "es un proyecto que nace del Superior Tribunal que va ser tratado por acordada en la cual ya está el nombre de la comisión, que no es una comisión cerrada sino abierta a todos los operadores del derecho, en la cual se establece entre otras cosas, todas las reformas a lo que es la no disponibilidad del pedido de pena fiscal. O sea que el pedido de pena fiscal vincularía al Tribunal; esa es una de las cuestiones que se está analizado sobre el artículo 370 que ha planteado el doctor Mássimi y el doctor Fappiano".
Por otro lado, también se abordarían "las facultades consultivas del juez de instrucción cuando está en desacuerdo con el pedido de sobreseimiento fiscal, que lo hacía la cámara; la idea sería trasladarlo directamente al fiscal ante el Superior Tribunal o eliminarlo, para quitarle ese resabio inquisitivo al código y llevarlo a un sistema más no acusatorio, porque el régimen es mixto, pero con una mayor disponibilidad fiscal en lo que es el ejercicio de la acción".
