or primera vez en lo que va del año, el conflicto docente tocó ayer las puertas del Parlamento fueguino, cuando un grupo de "padres autoconvocados" fue recibido por legisladores de las distintas bancadas políticas.
El planteo formulado ante los parlamentarios fue claro y concreto, ya que se reclamó del Poder Legislativo una directa intervención en el tema apuntada a garantizar que se cumpla en la provincia con el derecho constitucional a la educación.
De parte de los legisladores se explicitó que ese poder carece de herramientas que permitan solucionar en lo inmediato el conflicto, que ya ocasionó 9 paros, con la consecuente pérdida de días de clase, pero se asumió la obligación de analizar posibles alternativas legislativas que busquen armonizar, de alguna manera, el derecho a la educación con el derecho a huelga. Puntualmente, el arista Manuel Raimbault se comprometió "a empezar a pensar en una herramienta alternativa" a las existentes "para la Educación Pública". El parlamentario oficialista puso como ejemplo lo sucedido en el orden nacional con las sucesivas leyes de financiamiento educativo, o el acuerdo alcanzado en la paritaria nacional docente, que contempla, entre otras cuestiones, el compromiso del sector de dictar 180 días de clases. Raimbault no desaprovechó la oportunidad para cuestionar la ley de educación privada, sancionada el año pasado, ya que a su entender esa norma "desbalanceó la relación entre el sector público y el privado".
El radical Luis Velásquez cuestionó la postura "caprichosa" del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, de "no querer aceptar lo que el Gobierno le está ofreciendo", pero también cuestionó lo que, a su entender, constituyó una clara inacción política del Poder Ejecutivo para buscar herramientas legales que permitieran acotar el reclamo gremial. Alertó a los padres sobre su sospecha de que tanto desde el Gobierno como el SUTEF se está "queriendo forzar a los padres a tomar postura a favor de uno u otro sector". Esta apreciación fue compartida por los padres, los que adelantaron que no se prestarían a ese juego.
En tanto, el frentista Ricardo Furlan coincidió con Velásquez en lo referido a que la prolongación de este conflicto fue producto de que el Gobierno "no aplicara con firmeza la normativa".
Desde otra perspectiva, el radical Gabriel Pluis interpretó que este conflicto representa "una oportunidad única para recrear la comunidad educativa en Tierra del Fuego" y celebró que los padres hayan resuelto tomar activa participación en la cuestión educativa.
No dejó de resultar sorprendente la postura adoptada por el oficialista Fabio Marinello, ya que el docente, ex dirigente del SUTEF y presidente de la Comisión de Educación, decidió retirarse de la reunión ante la crítica de los padres a la mala capacitación que, a su entender, tienen los educadores fueguinos.
