a jueza de Familia y Minoridad, Gabriela Yuba, ratificó ayer que el Poder Ejecutivo provincial es quien debe garantizar la educación, y aclaró que ella no puede pronunciarse sobre el abuso de huelga, dado que es competencia del fuero laboral.
Yuba sostuvo que, "a mi modo de ver, no es el sindicato docente quien debe garantizar la educación, sino el Ejecutivo provincial", y explicó "las herramientas legales y administrativas de las que disponen son innumerables", reiterando que "no es la justicia quien deba decirlas porque eso cae en la órbita del Gobierno".
La jueza se refirió al fallo dictado en torno a una medida autosatisfactiva presentada por un grupo de padres y manifestó que "el fallo va apuntado a garantizar el derecho a la educación, a la continuidad del servicio educativo. Las anteriores presentaciones que hizo el Dr. (Guillermo) Gowland apuntaban a que se aplicaran multas a los docentes e intimarlos para que den clases. El tema es que por más que uno pueda aplicar multas, de hecho el Gobierno provincial ha hecho descuentos, eso en definitiva tampoco garantiza lo que moviliza la demanda entablada, que es el dictado de clases".
En declaraciones a FM del Sur la magistrada sostuvo que "el fallo contiene la orden de poner en marcha el Consejo Provincial de la Niñez ya que hace 7 años fue dictada la ley 521 y todavía no está en marcha. Esto contribuye a la formulación de una política de estado concreta mirando hacia la infancia. Porque todos hablamos de qué pasa con los maestros o los padres pero los chicos siguen siendo los perjudicados y son quienes deben tener prioridades en la atención".
Yuba dijo que también se da intervención "a la Secretaría de Derechos Humanos quien hasta ahora no he escuchado que haya alzado ninguna voz al respecto y es un organismo de suma importancia para asegurar que los derechos de los niños no estén vulnerados y garantizar que desde los distintos entes estatales se pueda hacer efectiva esta garantía, que es en definitiva un mandato constitucional", agrego Yuba.
De todos modos, aclaró que "todo fallo puede ser, y está bien que así sea, objeto de críticas y planteos. De hecho es en primera instancia", por lo cual "puede ser revisada esta decisión y apelarse a instancias superiores".
