a editorial que este medio publicara el pasado 22 de mayo del corriente sirvió de disparador. El doctor Alejandro de la Riva fue quien comenzó a desarrollar una serie de acciones tendientes a generar una iniciativa legislativa sobre el particular, así y con el objeto de garantizar la plena vigencia del derecho a la educación en Tierra del Fuego un grupo de padres de alumnos de escuelas públicas de Ushuaia presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que declara a la educación como servicio público esencial.
La propuesta fue presentada el viernes pasado ante el presidente del Parlamento y vicegobernador fueguino, Carlos Bassanetti, pero recién comenzará a ser analizada por los legisladores a fines de este mes, una vez que culmine el período de receso invernal.
La iniciativa adquiere especial significancia, ya que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina amenazó con retomar las medidas de fuerza a partir del próximo 28 de julio, si el Gobierno no satisface el aumento salarial del 24% reclamado por el sector.
Los impulsores del proyecto, entre los que se cuenta el abogado riograndense Alejandro de la Riva, entienden que en la actualidad existe una clara colisión entre el derecho a la educación y el derecho a huelga, y que para zanjar esta controversia resulta necesario que el estado cuente con una norma que "sin que signifique un obstáculo al libre ejercicio de los derechos de los trabajadores, les provea una herramienta que les permita llevar adelante su irrenunciable obligación de conformar los derechos de los niños".
Sostienen que "instituir a la educación, en todos sus niveles, como un servicio público esencial, al igual que la prestación de salud, seguridad, justicia, provisión de energía y agua, generará la obligación del Estado de cubrir guardias mínimas que garanticen el dictado de clases para culminar con los respectivos programas en los distintos niveles", ya que el Poder Ejecutivo deberá, en cumplimiento de esta norma, "asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones de educación pública en el caso de paralización de las labores del personal directivo, jerárquico, auxiliares, administrativos o de servicios".
Se indica que para cumplir con esa obligación "deberá generar, a través del mecanismo que se crea conveniente, la contratación o la designación ad-hoc de docentes alternos que sean necesarios para asegurar la continuación del servicio educativo".
Novedosa propuesta
El Parlamento fueguino tendrá la oportunidad, como ya lo ha hecho en otros temas, de poner a Tierra del Fuego a la vanguardia nacional en materia de defensa del derecho a la educación, ya que no existe en nuestro país normativa alguna que de rango de servicio público esencial a la educación.
A pesar de ello, la propuesta no resulta absolutamente novedosa, por cuanto en el plano internacional -como fuera informado haces meses por el diario del Fin del Mundo- existen antecedentes sobre el particular. En los fundamentos del proyecto se refiere el caso de la República del Perú y de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias (España), lugares en los que el Estado, aún en contra de lo preceptuado por la Organización Internacional del Trabajo, busca esta solución legislativa para evitar la vulneración del derecho a la educación de sus ciudadanos.
| Pedirán la remoción de Marinello de la Comisión de Educación Los padres que presentaron el proyecto de declaración de la educación como servicio público esencial adelantaron que solicitarán que el legislador arista Fabio Marinello sea removido de la presidencia de la Comisión de Educación. Entienden que el parlamentario oficialista ha demostrado tener una clara e indisimulable postura favorable a dar primacía a los reclamos del sector docente, anteponiendo éstos al interés general. |
