nte el acuerdo político alcanzado entre el oficialismo y la oposición para no prorrogar la vigencia de la ley que declaró la emergencia habitacional y urbano-ambiental en la provincia, el bloque parlamentario del Movimiento Popular Fueguino elaboró un proyecto de ley que venga a reemplazar a la cuestionada norma que fuera sancionada en julio del año pasado.
La primera diferencia respecto de la ley vigente es que declara la emergencia urbano-ambiental, pero no la habitacional. Además reemplaza la "Mesa Institucional por la emergencia habitacional y urbano ambiental" por una "comisión de planificación, ejecución y seguimiento", la que estará obligatoriamente presidida por la Gobernadora y los intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, y de la que participarán, además, representantes del Ministerio de Obras Públicas; IPV; Energía; Obras Sanitarias; Planeamiento Territorial de Gobierno; Secretaría de Obras Públicas de los Municipios y otras áreas técnicas que determinen los intendentes. Al igual que en la 746, se contempla que de esta comisión participen "las organizaciones sociales no gubernamentales, con reconocida actuación en la provincia en defensa de los derechos a la tierra y a la vivienda", pero que "acrediten personería jurídica", requisito este antes no exigido.
La propuesta del MPF determina que durante la vigencia de la emergencia, que no tiene plazo concreto de finalización, el Estado provincial y los municipios deberán "priorizar la asignación de recursos financieros, técnicos, humanos y logísticos para la producción de suelo urbano y soluciones habitacionales", entendiendo como producción de suelo urbano "al proceso de planeamiento urbano-ambiental" y de realización de las obras de infraestructura básica de servicios que permitan generar "parcelas urbanas con destino a viviendas unifamiliares o viviendas colectivas en proyecto de propiedad horizontal". A tal efecto contempla la creación de fondo afectado específicamente a ese fin, pero dejando abierta la discusión sobre la conformación del mismo.
De los desalojos
Otra de las divergencias que plantea esta iniciativa respecto de la ley que fenece el próximo mes es que deja sin efecto la prohibición al Estado, ya se provincial o municipal, de articular "medidas expulsivas de los asentamientos humanos existentes en tierras fiscales, hasta tanto se logren y cumplimenten las acciones positivas pertinentes", como así también la obligación "de proveer a las personas o grupos familiares o convivientes en condiciones de emergencia habitacional, de un espacio físico o de un sector adecuado que guarde condiciones de salubridad, higiene y seguridad que resulten apropiadas y dignas a la vida humana, conforme las normas que rigen la materia".
En su lugar, establece que la Provincia, Municipios y Comuna "deberán arbitrar los medios necesarios para otorgar a los actuales ocupantes de predios de propiedad estatal, las garantías necesarias de no desalojo forzoso, sujeto a las reglamentaciones vigentes, y poniendo mayor énfasis en aquellas personas o grupos familiares o convivientes en situación de emergencia, que para cada caso concreto se determine, mediante evaluación profesional conjunta de las áreas competentes del Ejecutivo provincial y el Municipio o Comuna involucrado".
Si bien mantiene como única vía válida para concretar desalojos de tierras fiscales ocupadas irregularmente la judicial, la propuesta del MPF elimina la facultad discrecional de instarla, ya que establece que ésta "deberá" ser requerida cuando se produzcan ocupaciones irregulares.
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