uncionarios del Municipio riograndense manifestaron su rechazo a la creación de un Fondo de Fomento que se constituiría con dinero que actualmente se entrega a Ushuaia y Río Grande en concepto de coparticipación. Debido al vencimiento de la ley 746 de Emergencia Habitacional, el próximo 14 de agosto, la Legislatura Provincial podría aprobar una norma que reduciría el monto que Gobierno distribuye a ambas localidades. Según adelantó el legislador radical Luis Velásquez, se "quitarían" 12 millones a cada ciudad, se totalizaría una recaudación de alrededor de 24 millones anuales y se utilizaría ese monto para obras de infraestructura relacionadas a la construcción de viviendas.
Desde la Municipalidad de Río Grande salieron a cuestionar la iniciativa, y argumentaron que, de sancionarse, los parlamentarios de Tierra del Fuego violarían la autonomía municipal. La respuesta política de la Intendencia radical llegaría mediante reclamos judiciales.
El secretario de Gobierno de la ciudad del norte provincial, Pablo Blanco, consideró que una reducción en la coparticipación "no solamente violaría la Constitución Provincial, sino también las autonomías municipales establecidas por la Constitución Provincial y por las cartas orgánicas".
Deuda de Gobierno
"El Municipio de Río Grande se ve afectado doblemente, porque el Gobierno de la provincia no le paga los recursos que le debe, y a su vez, el Municipio con sus recursos está llevando adelante obras para paliar la situación habitacional, y la Legislatura ahora modifica la coparticipación para que parte de los recursos municipales sean destinados a obras de infraestructura", expresó Blanco, en primera instancia haciendo referencia a la deuda de alrededor de 30 millones que mantiene Gobierno por fondos coparticipables no entregados durante la gestión de Hugo Cóccaro y los primeros meses de la actual administración arista.
Incluso fuentes extraoficiales hicieron trascender que mañana el Ejecutivo Municipal formalizaría una denuncia penal para cobrar esa deuda. Y, acerca del Fondo de Fomento, el secretario de Finanzas riograndense Paulino Rossi mencionó que "en virtud del recorte de fondos que esto implica, desde el Municipio nos vemos en la obligación de extremar las medidas administrativas y legales para que la comuna pueda cobrar la totalidad de los fondos de coparticipación que fueron retenidos por el Gobierno Provincial, en la gestión de Cóccaro y Fabiana Ríos".
Si bien la legisladora del MPF Mónica Urquiza aseguró que el impacto para los Municipio no sería "tan alto" y que "todavía no se definió ningún porcentaje", su par radical Luis Velásquez anunció que el recorte previsto es del orden del 20% en los ingresos por tributos de rentas que perciben las dos ciudades de Tierra del Fuego. El parlamentario de la UCR detalló que se recortarían 12 millones de pesos anuales a cada Municipio y que para Río Grande esa cifra representa el 40% del plan de obra pública.
"Hemos hablado con varios legisladores y con el Ministro de Gobierno y veremos si habrá un contacto con los intendentes, pero esperemos que sea lo antes posible, porque si no va a ser demasiado tarde", indicó el secretario de Gobierno municipal.
Crisis habitacional
Blanco remarcó que tanto Sciurano en Ushuaia como Martín en Río Grande ya habían anunciado que el dinero de coparticipación adeudado se usaría para trabajos tendientes a resolver la crisis habitacional. "Los intendentes dijeron que a la deuda del Gobierno de la Provincia le iban a dar este destino, entonces, a mi criterio, los legisladores antes que modificar la ley de coparticipación deberían buscar los mecanismos para que los estados municipales se hagan de estos recursos y sean volcados a la situación habitacional", indicó.
"El esfuerzo debería haber estado centrado en otro sentido -expresó el funcionario-, ver de qué manera la Provincia se hace de recursos para cumplir con las deudas de los municipios y no sacarle los recursos, que están siendo bien administrados, para acciones que, en el caso de Río Grande, se están haciendo, como la urbanización de 800 lotes durante el año pasado y que no puede seguir con esa política porque no tiene los recursos que la provincia le debe, y encima como si fuera un castigo la Legislatura le sacará más recursos para destinarlos a infraestructura, pero sobre qué terrenos, si lo que necesita el Municipio son recursos para comprar terrenos".
Diálogo con los municipios
El titular de la cartera política de la Municipalidad además interpretó que los legisladores deberían haber convocado a los municipios para analizar los pormenores de la situación.
"Uno comprende la presión que la Legislatura tiene con estas leyes que han armado de la emergencia habitacional, pero también es cierto que antes de tomar una determinación que no es ni más ni menos que avanzar en contra de las autonomías municipales, la deberían analizar con aquellos que son actores como lo son los intendentes", sostuvo el dirigente de la UCR. Y dijo estar sorprendido por el avance del planteo, aunque mencionó que ya existían rumores sobre una intención en ese sentido por parte de la gestión del ARI y de la mayoría de los miembros del parlamento provincial.
"Cuando mínimo los que van a tomar esta determinación lo que deberían hacer es consultar con el Ejecutivo municipal -añadió-, cosa que hasta el momento no ha acontecido".
| Afectaría el plan de obra pública en Río Grande El secretario de Finanzas Paulino Rossi precisó que una disminución del 10% en los ingresos por coparticipación sería equivalente al 30% del presupuesto de obra pública y sostuvo que significaría una merma de alrededor de 9 millones de pesos. |
