l titular de la oficina de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Guillermo Gowland, volvió a recurrir a la justicia para que obligue al sindicato docente a volver a las aulas y garantice el dictado de clases a los chicos en las escuelas públicas de la provincia, y aseguró en su presentación que el SUTEF está violando "la ley nacional que estableció el dictado de 180 días de clases".
Gowland presentó una nueva medida autosatisfactiva y denunció ante la jueza de Familia y Minoridad, Gabriela Yuba, que "la actitud arbitraria del sindicato persiste" y se niega "caprichosamente a volver a las aulas, cuando es evidente, y sus dirigentes lo saben, que no concurren a trabajar; tal conducta carece de todo fundamento fáctico y jurídico", señaló el abogado.
En este sentido y con el objeto de obtener otra respuesta que las ya conocidas por parte de la justicia, que es el Estado el que debe asegurar el dictado de clases, Gowland argumentó que "la situación escapa ya a los resortes del Poder Ejecutivo", y agregó que el sindicato está "frente a un claro incumplimiento de una obligación de hacer (garantía de 180 días de clase Ley 25864 y Convenio suscripto en fecha 22/02/08, y abstención de adoptar medidas de acción directa), incumplimiento éste que afecta y lesiona el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la Provincia".
Por esta razón y "siendo resorte de la justicia" la protección del derecho a la educación, cuya violación "ya se patentiza al haberse dispuesto 18 días de medidas de fuerza que impidieron el normal desarrollo de las clases", el defensor de los Derechos del Niño reclamó se asegure el dictado de clases en las escuelas.
El abogado sostuvo en el escrito presentado a la jueza Yuba que "el cese de actividades en las escuelas constituye, tal como lo venimos señalando, una falta a un compromiso establecido a nivel nacional por parte del sindicato provincial por medio de sus representantes. El hecho de ejecutar medidas de fuerza echa por tierra el acuerdo firmado el pasado 22 de febrero en el expediente Nº 1.243.441 del Ministerio de Trabajo de la Nación, que obliga al cumplimiento de los 180 días de clase como mínimo por parte de los docentes. El acta firmada garantiza el efectivo cumplimiento del ciclo lectivo y su aprovechamiento educativo en el marco de lo normado por la Ley 25864".
No obstante y ante la presunta colisión que pueda existir entre el derecho a huelga que ejercen los trabajadores y el derecho a la educación que tienen los alumnos, "se resuelve indudablemente a favor de este último: ello así por cuanto en el caso se trata de una autolimitación razonable de los derechos de los trabajadores del sector docente a través de sus gremios y el desconocimiento de esa autolimitación al ejercicio del derecho a huelga llevada a cabo por los gremios, es gravísima porque sacrifica ilegal e injustamente el derecho a la educación de los niños y jóvenes de la provincia".
Gowland reclamó que "los alumnos ya perdieron dieciocho días de clase, sin contar las asambleas efectuadas por el gremio en las escuelas durante el horario de clases; las medidas de fuerza extendidas ya en el tiempo, sin lugar a dudas ponen en inminente peligro el cumplimiento del mínimo de días establecido. Más, las medidas de fuerza ponen a esta altura en serio peligro y afectan en forma actual y concreta derechos y garantías constitucionales de la sociedad toda".
Evitar mayores perjuicios a los chicos
En otro orden de cosas, Gowland sostuvo que su presentación "apunta a evitar perjuicios mayores a los ya ocasionados a lo educandos, niños y jóvenes de nuestra provincia, quienes tienen derecho a un ciclo lectivo de ciento ochenta días, específicamente, reconocido por ley y por la parte demandada, en un acuerdo libre y voluntariamente aceptado".
Además destacó que los "esfuerzos que el Poder Ejecutivo viene realizando desde el comienzo del conflicto docente, para el normal desarrollo del dictado de clases, entendiendo este defensor que la omisión que no permite el normal desenvolvimiento de las mismas proviene inequívocamente del gremio docente, al tomar este tipo de medidas de fuerza cuando son ellos mismos quienes están incumpliendo el convenio que los ampara. Por lo que la medida de protección entablada en contra del gremio docente debe tener favorable acogida a fin de restablecer inmediatamente el derecho a la educación de los alumnos de la Provincia cuya lesión y violación se encuentra acreditada con los 18 días de paro efectuados hasta la fecha".
