ese a que funcionarios del Gobierno continúan manifestando que en la denuncia contra la empresa Celentano se investigan sobreprecios, desde la Fiscalía se requirió desde un primer momento investigar sobrefacturación. El fiscal Mayor, Guillermo Mássimi, y el juez Javier de Gamas Soler están abocados a establecer facturación sobredimensionada y no precios excesivos de los alimentos provistos a los comedores escolares.
Si bien la propia gobernadora Fabiana Ríos y la secretaria de Contrataciones, Rita Rivera, han manifestado que además de la presunta sobrefacturación existieron sobreprecios en torno a la denuncia efectuada contra la empresa Celentano –al menos así lo han dado a conocer las gacetillas oficiales–, fuentes judiciales aclararon que la investigación ha sido orientada a determinar facturaciones excesivas por sobre los productos realmente entregados al Estado.
Quizás las manifestaciones de los funcionarios del Gobierno sean efectuadas en un marco de desconocimiento técnico–jurídico, dado que el fiscal Mayor, Guillermo Mássimi, en su requerimiento de investigación mencionó que se investiga una presunta defraudación contra la administración pública aunque por sobreprecios. Concretamente el juez Javier de Gamas Soler se encuentra abocado a determinar si se facturaron productos que en realidad no fueron entregados a los comedores escolares.
Vale aclarar que una cosa es la sobrefacturación y otra es el sobreprecio. Éste último consiste en sobredimensionar el valor real del insumo, aunque generalmente los sobreprecios suelen ser bastante relativos cuando se trata de aprovisionamiento al Estado.
Actualmente la investigación se encuentra en una fase de recopilación y análisis contable del contrato, como así también de los procedimientos de facturación efectuados por la empresa entre los años 2005 y 2007.
