os legisladores aprobaron ayer por unanimidad la ley que declara la emergencia laboral en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego por el término de 4 meses. Durante ese lapso las empresas del sector textil e hilandero, entre otros, se verán imposibilitadas de efectuar despidos de personal y de hacerlo tendrán consecuencias de orden económico y fiscal de manera directa.
Luego de los incidentes provocados por los integrantes del sindicato de camioneros, se reanudó el debate y pasadas las 18.30 se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara la emergencia laboral. El tratamiento fue seguido de cerca por trabajadores de la industria radicados principalmente en Río Grande, que son quienes han venido sufriendo despidos en los últimos meses y que reclamaban la sanción de una norma de estas características.
El artículo 1 de la norma establece que la emergencia tendrá vigencia durante 120 días a partir de la promulgación y alcanzará al sector de la industria textil, del vestido, confeccionistas, hilandera y plásticos. En el artículo 2 aclara que las empresas que generen suspensión o despidos del personal, mientras no revean tales medidas "serán pasibles de la retención de las certificaciones de origen, sancionadas con multas y pérdida de beneficios promocionales y fiscales".
El Ministerio de Trabajo de la Provincia será el encargado de velar por el cumplimiento de la ley y por ende será la autoridad de aplicación. También podrá ampliar los efectos de la norma a otras actividades y sectores que considere pertinente.
En caso de incumplimiento la cartera laboral será la encargada de informar a la Comisión del Área Aduanera Especial los incumplimientos que detecte, a los efectos de que se suspendan los certificados de origen a los infractores.
El debate de la discordia
Previo a la sanción de la ley de emergencia laboral, los parlamentarios reanudaron la sesión con el tratamiento de la modificación en la composición del Consejo Económico y Social.
Finalmente y por voto dividido, la oposición aprobó la modificación del consejo económico social. Con esto, gremios como ATE y SUTEF podrán sentarse en la mesa de discusión con los sectores empresarios y la propia CTA y CGT, para abordar aspectos a mediano y largo plazo sobre conceptos económicos y sociales a implementar en la provincia.
