El abogado riograndense Juan Ladereche presentó una denuncia penal contra la gobernadora Fabiana Ríos y contra el ex ministro de Economía, Eugenio Sideris, por haber contratado en 5 millones de pesos, a principios del corriente año, a la empresa que provee el sistema SIGA (que rige los aspectos contables de la administración central) supuestamente a cambio de los mismos servicios que el Gobierno que ya se habían contratado a fines de 2004.
La denuncia penal fue presentada ayer en el Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación de la doctora María Cristina Barrionuevo, donde el letrado expuso una detallada denuncia cuestionando la contratación directa efectuada por la gestión Ríos de la empresa Nomade Soft SRL que había provisto ya al Ejecutivo Provincial del sistema S.I.G.A. tras un contrato firmado por el ex ministro Juan Manuel Romano en diciembre de 2004. En la denuncia se menciona que: "adviértase que a raíz de la contratación efectuada por el ex ministro Romano del sistema S.I.G.A. y debido a las limitaciones de éste en cuando a que se necesitaba procesar un volumen de información fiscal y financiera a niveles consolidados por distintas áreas de la administración provincial, que no habían sido provistos por la empresa Nómade SOFT S.R.L.". Fue a raíz de dicha circunstancia que se convocó a una licitación privada N ° 01/2006, mediante la cual se contrató a la empresa Bahntje Servicios Informáticos, para que proveyera lo que no satisfacía el sistema vigente a ese momento.
En términos contractuales Ladereche recuerda que el artículo 12 del contrato firmado en 2004 establecía que "la provincia no podría rescindir el contrato bajo ningún concepto, obligándose al cumplimiento de las retribuciones en monto y forma" de acuerdo a otro artículo establecido previamente.
Según el letrado, a sabiendas de los supuestas falencias del sistema, "el nuevo gobierno con fecha 2 de enero del corriente año a pedido del Director de Aplicaciones Informáticas del Ministerio de Economía, licenciado Robinson Cárdenas, solicita la apertura de un expediente para la contratación de un sistema integral de administración financiera". Es así que "en el mes de mayo del corriente año se firma un nuevo contrato con la empresa Nomade Soft, por la suma de 5 millones de pesos".
Para Ladereche la gestión Ríos contrató "de nuevo los mismos módulos que se supone deberían estar ya en propiedad de la provincia" toda vez que en el primer contrato en su artículo 7 se hacía alusión a la propiedad intelectual en la que se daba cuenta que "la provincia adquiere el derecho para la utilización irrestricta dentro del ámbito del gobierno central del software producido". Además en el mismo apartado se daba cuenta que la provincia adquiría el acceso "al código fuente del software y el derecho a modificar los programas" entre otras pautas.
Por esta razón es que Ladereche sostiene en su denuncia que "no se explica que la gestión actual, ha contratado mediante adjudicación directa, sin licitación, en la suma de 5 millones de pesos, entre otros servicios ya provistos en el anterior contrato".
Para el letrado dicho acto podría constituir los presuntos delitos de estafa a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público imputando a la gobernadora Fabiana Ríos; el ex ministro de Economía, Sideris; el secretario de Presupuesto, Claudio Blanco; el director de Aplicaciones Informáticas, Robinson Cárdenas; el secretario de Informática, Guillermo Gómez; y funcionarios del Tribunal de Cuentas. Sobre éstos últimos evitó sindicar imputaciones concretas.
