l juez Javier de Gamas Soler procesó a tres ex funcionarios de Hugo Cóccaro y a dos integrantes de la empresa distribuidora Gualdesi Hermanos por el pago de más de 8 millones de pesos en letras de tesorería por la presunta defraudación con módulos alimentarios. La causa fue iniciada a instancias de una denuncia de la gobernadora Fabiana Ríos. Además el juez ordenó trabar amargos millonarios que van de entre los 2 a los 4 millones de pesos.
El juez Javier de Gamas Soler procesó a tres ex funcionarios de la gestión de Hugo Cóccaro por el presunto pago fraudulento de más de 8 millones de pesos en letras de tesorería a la empresa Gualdesi Hermanos, por deudas generadas entre 2004 y 2005.
El auto de procesamiento fue conocido ayer y también alcanza a dos integrantes de la firma cuestionada además de tres agentes de planta permanente. La imputación que recayó sobre los imputados fue la figura de peculado, que implica la sustracción de caudales públicos.
De Gamas procesó a los ex funcionarios de la gestión coccarista, Ana Esparza, Alfredo Iglesias y Raúl Berrone, mientras que el ex ministro Horacio Sosa recibió una falta de mérito.
La causa fue iniciada a instancias de una denuncia penal que efectuó la gobernadora Fabiana Ríos y el secretario Legal y Técnico, Eduardo Olivero, el pasado 3 de junio por el presunto delito de defraudación a la administración pública. En la misma se cuestionaba el millonario pago de 8.202.325 pesos en letras a la empresa Gualdesi Hermanos por la provisión de módulos alimentarios, que según la fiscalía no llegaron al Estado provincial.
En tanto los abogados defensores argumentaron que fue la propia gestión de Ríos que a través de la comisión revisora de letras y con Sideris a la cabeza autorizaron el pago de letras a pesar de que el trámite había tenido el visto bueno anterior de la gestión de Hugo Cóccaro. También dicen haber asegurado la prestación de servicio e inclusive el pago pasó por el Tribunal de Cuentas.
Vale señalar que la empresa sólo alcanzó a cobrar dos millones de la totalidad de las letras, debido a que tras la denuncia penal los pagos fueron frenados hasta tanto se dirima la cuestión judicial.
De Gamas ordenó embargos millonarios que van desde los 2 a los 4 millones de pesos.
