os legisladores Roberto Frate, Ricardo Wilder y Luis Velázquez presentaron una denuncia ante los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación y administración fraudulenta contra los funcionarios gubernamentales que pudieran resultar responsables del potencial indebido uso de los fondos afectados al "Fondo Social de Reactivación Productiva", que por ley 7337 fueron declarados intangibles.
En su carácter de integrantes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la denominada operatoria de créditos CRECE, los parlamentarios sostienen que la imprecisa información suministrada por el Gobierno respecto del saldo de la cuenta específica en la que deben encontrarse depositados esos recursos, los lleva "a interpretar que los fondos" en cuestión "han sido destinados a otros fines distintos a los que la ley que dispuso su recaudación estableció".
En la presentación, formalizada ayer cerca del mediodía, se reseña que durante el pasado mes de abril la Legislatura aprobó un pedido de informes en el que se le requerían al Gobierno precisiones sobre el monto "de los fondos recaudados" a esa fecha; de los "créditos otorgados y estado de recupero" de los mismos; "saldo bancario de la cuenta", entre otros ítem, y que el Ejecutivo lo "respondió de manera incorrecta, a nuestro criterio, .ocultando la información más sensible y que justamente tiene que ver con el empleo de esos fondos de afectación específica, que son de carácter intangible" y que deben estar "depositados en una cuenta especial abierta al efecto".
Sostienen que esa respuesta "trasluce una mala fe manifiesta, pues deja sin responder las preguntas que tienen que ver con el manejo primordial de dichos fondos, que son el saldo bancario de la cuenta, los movimientos respetivos y el estado de recupero de los créditos".
Agregan que la falta de información respecto del saldo de la cuenta "sumada a la falta normal de otorgamiento de créditos a través de la mentada operatoria y la carencia de información sobre el recupero de estos créditos" plantea serás dudas sobre el destino dado por el Gobierno a los recursos en cuestión, que según la estimación del legislador del MPF, Roberto Frate, rondarían los 38 millones de pesos.
El Fondo Social de Reactivación Productiva se creó en 2004, durante la gestión del destituido Gobernador Colazo, y para financiarlo se estableció una alícuota adicional sobre el impuesto a los ingresos brutos del 0,5%, más el aporte voluntario de los funcionarios y agentes de los tres poderes del Estado.
En el escrito de denuncia se indica que hasta enero de este año, fecha en que quedó sin efecto el mencionado Fondo, la Provincia habría recaudado por tal concepto unos 80 millones de pesos.
