l Superior Tribunal de Justicia dispuso que sea la jueza María Cristina Barrionuevo la que investigue la denuncia presentada durante el mes de octubre por el abogado Juan Ladereche por la supuesta e irregular recontratación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).
Los jueces de la Corte hicieron lugar a la excusación presentada por el juez de Instrucción de Primera Nominación, Javier de Gamas Soler, quien se había excusado de actuar en la denuncia que Ladereche presentó contra la gobernadora Fabiana Ríos. El argumento para inhibirse fue que la Gobernadora -antes de serlo- había acompañado un pedido de jury en su contra y para que no se ponga en duda su imparcialidad, teniendo en cuenta que en este caso la mandataria es quien está siendo imputada por el abogado, es que el magistrado decidió dar un paso al costado.
No obstante, la jueza María Cristina Barrionuevo se declaró incompetente atento a que el nuevo contrato del SIGA se habría firmado en mayo de 2008 y dicho mes le correspondía jurisdiccionalmente al juez Javier de Gamas Soler.
Los juzgados penales se manejan por turno y los meses impares (5/2008) corresponden al juzgado de Instrucción de Primera Nominación, a cargo de De Gamas, y los meses pares al Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación a cargo de Barrionuevo. Depende de cuando se produce el hecho presuntamente ilícito, es que se asigna la competencia de los jueces.
Hay que recordar que Ladereche denunció a la Gobernadora argumentando que su gestión recontrató a la empresa Nómade Soft en cinco millones de pesos para proveer módulos del SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) que a su entender ya habían sido contratados en 2004.
El abogado riograndense sostiene en su denuncia que "no se explica que la gestión actual, ha contratado mediante adjudicación directa, sin licitación, en la suma de 5 millones de pesos, entre otros servicios ya provistos en el anterior contrato".
Ante dichas circunstancias pidió a la justicia investigue los presuntos delitos de estafa a la administración pública e incumplimiento de los deberes e imputó a la gobernadora Fabiana Ríos; el ex ministro de Economía, Sideris; el secretario de Presupuesto, Claudio Blanco; el director de Aplicaciones Informáticas, Robinson Cárdenas; el secretario de Informática, Guillermo Gómez; y funcionarios del Tribunal de Cuentas.
No obstante Gómez dijo no estar preocupado "por la denuncia porque ni siquiera tiene sentido". No obstante el funcionario confirmó que el Ejecutivo contrató los servicios de la empresa Nómade Soft por 5 millones de pesos que serán abonados en cuotas en el transcurso de tres ejercicios, es decir que "en marzo de 2010 se cancela el pago".
Gómez dijo que la gestión anterior, en 2004 y por sistema de contratación directa, invirtió "900 mil pesos" para adquirir el software pero que "nunca" se implementó.
"Nosotros tuvimos que poner el sistema en marcha ya que la Provincia -hace 4 años- había adquirido un bien -el software- y no estaba funcionando. Esto es lo mismo que al comprarse un micro yo no lo use porque lo adquirieron otros y decida comprar otro nuevo", graficó Gómez y dijo que "hay que utilizar los activos que tiene la Provincia porque el software es una inversión muy grande, aparte de completa y útil".
Lo cierto es que después de la feria, durante el mes de febrero, será la jueza María Cristina Barriouevo quien deba investigar si la recontratación del sistema financiero del Gobierno implicó alguna defraudación al Estado o simplemente implicó el agregado de nuevos módulos al sistema informático que rige la administración pública provincial.
