Concejo Deliberante de Ushuaia

La Municipalidad podrá vender las tierras fiscales recuperadas

05/03/2009
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l Concejo Deliberante aprobó ayer la ordenanza que autoriza al Municipio a vender terrenos recuperados por la actual gestión radical. A pesar de los votos negativos de Juan Carlos Pino (FPV) y Luis "Lolo" Cárdenas (PFF), el oficialismo sumó cinco votos que permitieron el tratamiento y la aprobación de la iniciativa; se creará un fondo de capital social con afectación específica, y el dinero será utilizado para infraestructura de servicio en los barrios Barrancas del Río Pipo, Valle de Andorra y Alakalufes II.
Desde el bloque de la UCR, se manifestaron conformes por la decisión del Parlamento y señalaron que los predios habían sido cedidos por la administración anterior del mopofista Jorge Garramuño a valores irrisorios, para el desarrollo de emprendimientos que nunca se concretaron. Se trata de terrenos ubicados en el ejido urbano: dos sobre Gobernador Paz, dos frente a la rotonda del colegio EPET, uno lindante al edificio de la Cámara de Comercio en la Plaza Piedrabuena, otro en la zona del aeropuerto viejo y dos en inmediaciones de las calles Alem e Yrigoyen. 
Mientras Pino calificó como "una mentira" que se pueda resolver la crisis habitacional con el dinero de la venta de los predios, Cárdenas sostuvo que "perder suelo urbano" será "perjudicial para la ciudad". Ambos parlamentarios remarcaron que el Municipio tiene un presupuesto superavitario y que existen recursos disponibles. Durante el debate, incluso se indicó que las finanzas de 2008 podrían dejar un excedente de 15 millones de pesos.  
 
Cuestionamientos

Para Luis Cárdenas, los ex convencionales constituyentes que se manifestaron sobre la medida propuesta por la UCR "fueron categóricos" en contra de la ordenanza. Entre sus argumentos, los opositores destacaron que la Carta Orgánica de Ushuaia define a las tierras municipales como "un bien social escaso" que, al ser desafectado, debe ponerse a disposición de los vecinos, dando en el uso de esos espacios prioridad a la vivienda y al equipamiento comunitario. Además, la carta magna estipula que el valor y la forma de venta tienen que ser fijados por el Concejo Deliberante.
En el debate previo a la sanción, se leyó una ponencia de la Liliana "Chispita" Fadul, presidenta del Partido Federal Fueguino y ex convencional constituyente, donde se subrayó que los predios deben integrar el Banco Municipal de Tierras, y la conclusión fue que "no resulta imprescindible para la ciudad rematar sus activos inmobiliarios". 
Sobre los tecnicismos y la polémica generada, el parlamentario del Frente Para la Victoria Juan Luna sostuvo que "la gente está esperando soluciones y no se banca más este tipo de discusiones". Asimismo, consideró que "no se ha dejado de lado" el artículo de la Carta Orgánica que determina las prioridades de utilidad en los terrenos que se  recuperan: "La subasta es precisamente para urbanizar y llevar servicios a tres barrios", argumentó el edil. 
Por su parte, la radical Adriana Chapperón advirtió que, antes de ser aprobada, la ordenanza pasó por el mecanismo de doble lectura y por una audiencia pública, se puso en consideración de la comunidad a través de una consulta popular y se debatió en los medios de comunicación.  

Idas y venidas

Con el fin de contrarrestar el reclamo de Cárdenas por el no tratamiento del tema en la comisión legislativa de Obras Públicas, el oficialismo pidió que el cuerpo colegiado se constituya en comisión. Luego, se labraron dos dictámenes, uno en mayoría y otro en minoría; se solicitó el ingreso del asunto sobre tablas, y finalmente se aprobó.
"La verdad es que nosotros entendíamos que, viniendo el tema de la comisión de Legislación, donde somos 7 los concejales que participamos, a diferencia de la de Obras Públicas donde hay cinco concejales, con una mayoría del cuerpo agravada para sancionar cualquier tipo de ordenanza, habiendo pasado esto por el Concejo de Planeamiento Urbano, que es además el órgano asesor donde los técnicos de Obra Pública del propio Concejo Deliberante están representados además del Ejecutivo, se convertía el paso del proyecto por la comisión de Obras Públicas en una situación administrativa que subsanamos utilizando un artículo del reglamento que permite al cuerpo constituirse en comisión y sacar dictamen", explicó la funcionaria.

Negativo-afirmativo

En el recinto quedó claro que las posiciones tomadas por impulsores y detractores de la iniciativa no encontrarán un punto de acuerdo en el corto plazo. Por eso, la bancada oficialista sostuvo que "la discusión está agotada".
"Hay dos posturas completamente contrarias una de la otra y me parece que cada una ya había explicado sus fundamentos, y no se pudieron aportar fundamentos nuevos que puedan hacer que alguna de estas posturas cambiaran tratando de conseguir el consenso de todos los concejales", dijo Chapperón. Y acotó que "ha habido ya una consulta popular y ha habido hoy una mayoría agravada del cuerpo dándole sanción a esta ordenanza, y esto es lo que se ha hecho proceder a sancionar la ordenanza más allá de que por supuesto conocemos que hay un sector de la comunidad que no está de acuerdo con esto".

Próximos pasos

En los próximos días, el Ejecutivo Municipal promulgará la norma sancionada y se publicará "inmediatamente", para después iniciar el proceso de venta de las tierras. La Intendencia busca concretar el proyecto "a la mayor brevedad posible".
"Estamos necesitando este dinero para utilizarlo en infraestructura de servicio y poder por fin entregar algunas de las soluciones habitacionales que está demandando la comunidad, será lo antes que se pueda", dijo la parlamentaria. Y agregó que "el Tribunal Nacional de Tasación estará seguramente informando en los próximos días los valores, y entonces ya se procederá a la subasta o licitación, tal cual lo decida el Ejecutivo". La subasta o licitación deberá efectuarse al 100% del valor que se calcule.

Reclamo por uno de los terrenos recuperados

A través del abogado Javier Da Fonseca, la empresa Ona SRL comunicó al Parlamento que se iniciaron acciones judiciales para impedir que uno de los terrenos ubicados frente a la rotonda del Colegio EPET sea vendido como predio fiscal.
La sociedad privada presenta una adjudicación otorgada 20 años atrás, y ahora anuncia que el tema está en manos de la Justicia, ya que la vía administrativa concluyó con el rechazó por parte del Municipio a lo planteado por la empresa.
"La última palabra la va a tener la Justicia y no hay ninguna posibilidad de que ni el Concejo ni el Ejecutivo hagan caso omiso a una orden judicial, en caso de que esa orden llegue", concluyó Chapperón.  

Las críticas y el voto negativo de Pino

El justicialista Juan Carlos Pino consideró "una mentira" que la venta de los terrenos pueda solucionar el problema habitacional de las 6 mil familias que hoy esperan por una vivienda propia, y aseguró que la administración radical cuenta con los fondos necesarios para comenzar los trabajos de infraestructura sin necesidad de vender los predios. 
"El Municipio en estos tres o cuatro meses no ha hecho una sola apertura de calle, y me parece que con los fondos que ya tiene en la Municipalidad del presupuesto aprobado de 2009, tranquilamente podría haber utilizado estos fondos para encarar obras en diciembre, enero y febrero, y no se han encarado obras, es por esto que nosotros, más allá de las diferencias políticas que tenemos, no acompañamos este proyecto desde un primer momento, y somos consecuentes con lo que hemos planteado porque tenemos otra concepción, no queremos convertir a la Municipalidad en un estado inmobiliario", declaró el parlamentario.

De Marco: antes por el no, ahora por el sí

En la consulta popular realizada el 9 y 10 de diciembre, el concejal Damián Demarco había votado en contra de la venta de las tierras. Sin embargo, en la sesión de ayer acompañó al oficialismo para aprobar la ordenanza. "No queremos ser culpables o poner estorbos en la gestión del señor intendente", explicó.
A su vez, el mopofista consideró que "hay un Municipio abandonado por el Gobierno provincial" en cuanto a la construcción de urbanizaciones, a pesar de que al Estado de Tierra del Fuego "le corresponde por ley". Además, adelantó que trabajará verificando las acciones que se realicen. 
"Creíamos que no era la forma de encarar la cuestión habitacional, creíamos importante que el Municipio tenía que analizar estas cuestiones bajo otra óptica, en un trabajo en conjunto con el Gobierno Provincial y el Gobierno nacional, esto no ha llegado", indicó Demarco. Y agregó que "hemos mantenido reuniones con el intendente, el cual garantiza que, con estos fondos, más de la mitad de las personas que están anotadas en el padrón de demanda habitacional van a tener una solución".
"Hemos modificado varios puntos importantes que marcan esta ordenanza, aceptó el Municipio estas modificaciones y hemos acompañado esta medida del Ejecutivo Municipal para que pueda vender estas tierras y con lo recaudado, específicamente, llevar servicios a los lugares -dijo el concejal del MPF-. Bajo este concepto y un seguimiento explícito del Concejo Deliberante, que está marcado también en la ordenanza, trabajar en forma mancomunada para ir solucionando el tema habitacional, que dada la crisis que también estamos viviendo también es muy complicado".

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