La difícil situación que afronta la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego, producto de la crisis internacional, podría comenzar a revertirse en el medianos plazo, ya que el Gobierno nacional comprometió impulsar la reforma legal del régimen promocional fueguino, de manera de compensar las asimetrías existentes con el de Manaos y hacerlo más competitivo.
El ministro de Trabajo de la Provincia, Marcelo Echazú, precisó que tras la reunión mantenida el miércoles con los ministros de Vido, Giorgis, Tomada, representantes de AFARTE y el secretario genera de la UOM nacional, Antonio Caló, los funcionarios nacionales adelantaron que la semana próxima estaría mandando al Congreso 2 proyectos de ley que apuntan a "impedir el ingreso irrestricto de determinados productos importados, una mejora impositiva para los que se producen en Tierra del Fuego y la autorización para montar nuevos procesos productivos" de manera de "equiparar el sistema nuestro con el que rige en Manaos, eliminándose así la famosa asimetría que los empresarios señalaban como desfavorable para Argentina, y que les impedía competir en igualdad de condiciones con los productos que venían del área de Brasil".
El funcionario precisó que estas normas se verán complementadas también con un decreto nacional, y afirmó que este paquete "implica todo un andamiaje de normas que van a cambiar sensiblemente todo el régimen de promoción", lo que dijo permitirá, más allá de la actual crisis, "ir creando una matriz productiva más amplia que la que actualmente tenemos en Tierra de Fuego".
Echazú mencionó que en el encuentro también hubo importantes definiciones en materia laboral. Sostuvo que Nación y AFARTE acordaron crear un fondo de Contención Social, por 4 meses, para atender la situación de los 1.600 trabajadores fabriles a los que no se les han renovado sus contratos. Explicó que las partes aportarán recursos de manera conjunta -unos 600 pesos cada una por operario-, con el compromiso "de que en el término de 4 a 6 meses se volverá a ingresar al personal que va a estar sostenido por este fondo al sistema productivo".
También señaló que AFARTE y UOM se pusieron de acuerdo en torno al tema de suspensiones de personal. "Desde la UOM se pidió es que si hay suspensiones no superen un día por semana y que se pague el 75% del haber, y los empresarios accedieron a este pedido", apuntó.
Por su parte, el Presidente de AFARTE, Alejandro Mayoral calificó de positivos los avances y compromisos alcanzados en la reunión. Indicó que el sector empresario está dispuesto a colaborar con el esfuerzo que haga el sector estatal nacional a través del aporte "en inversiones, capacitación y contención social", y llamó también a que el estado provincial "aporte lo suyo en término de mejoras de la logística, de los puertos, del funcionamiento institucional, e incluso desde el costo de inspección".
En cuanto a la posibilidad de diversificar producción dijo que resulta una alternativa muy interesante, al igual que el cambio que pueda darse en la cuestión impositiva. Pero dijo que de todas maneras también es necesario abrir la discusión en torno al costo laboral que afronta la industria fueguina. Precisó que los principales competidores del régimen fueguino son las zonas francas de China, México y Brasil, y que en aquellas "los salarios son entre un tercio y 50 % de los salarios, medidos en dólares, que hay en Tierra del Fuego. Con esto no estamos diciendo que queremos bajar los salarios a la mitad, pero sí que el costo laboral no puede segur subiendo en la proporción que lo ha hecho en los últimos años", apuntó.
Principio de solución para Blanco Nieve
Al margen de los avances logrados en el plano de al industria electrónica, Marcelo Echazú manifestó que también se alcanzó un principio de acuerdo en el conflicto de la textil Blanco Nieve, que hace semanas despidió a sus 94 operarios y cerró la planta de Río Grande. Indicó que el ministerio de Trabajo de Nación "dictó la conciliación obligatoria" y que en la reunión de la que participaron los propietarios de la firma, representantes gremiales y trabajadores despedidos, "la empresa se comprometió a pagar en lo inmediato, entre viernes o lunes, 1.000 pesos a cada trabajador, y la semana siguiente a cancelar la totalidad de la deuda salarial que tiene con sus empleados". Dijo que también se comprometió "a tratar de poner en funcionamiento, de manera paulatina, sus líneas de producción, y ver dentro del plazo de la conciliación obligatoria cómo se puede ir implementando una mecánica de funcionamiento que sea viable para la empresa y los trabajadores".
Indicó que como contrapartida, "El ministerio de Trabajo de Nación propuso incluir a la empresa en el programa nacional de mantenimiento de la producción, que implica que el estado paga a cada trabajador una parte del su sueldo".
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