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l personal de la Administración Central, organismos descentralizados, órganos de control y poderes Legislativo y Judicial verán postergado el cobro de los haberes correspondientes al mes de marzo.
La demora obedece sustancialmente a la medida de fuerza que viene realizando el personal del ministerio de Economía, de la Contaduría General y de Secretaría General de Gobierno, pero también a la decisión de la Contadora General y el Subcontador General de la Provincia de no subrogar la responsabilidad funcional de los empleados de planta en lo que hace a su intervención administrativa vinculada con el libramiento de pagos, ello en virtud de entender que no se está ante una situación de emergencia que amerita incumplir los procedimientos "que hacen a la seguridad en el manejo de la disposición de fondos presupuestarios y financieros", tal se desprende la nota que los contadores María Elena Jiménez (Contadora General) y Rodolfo Fehrmann (Sucontador General) remitieron ayer al ministro de Economía de la provincia, Roberto Crocianelli.
De acuerdo al cronograma publicado a fines del mes pasado, durante la medianoche de ayer deberían haberse depositado en las cajas de ahorro de los empleados de la administración central hasta 5.000 mil pesos, y haberse transferidos a la Justicia, Legislatura, INFUETUR, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas los fondos correspondientes para la cancelación de los haberes del personal dependiente de esas estructuras funcionales del Estado fueguino, pero nada de ello ocurrió.
Desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, afirmó que la demora fue producto de las medidas de fuerza que llevan adelante agentes estatales, de lo que responsabilizó al gremio de ATE.
La entidad sindical negó que la postergación en el pago de salarios haya estado motivada en medida de fuerza alguna, se dejó trascender que la decisión respondía a que el Gobierno carecía de los fondos necesarios para afrontar esa obligación. Para restar veracidad a ese trascendido, el Gobierno difundió el extracto de cuentas bancarias, del que se desprende que en el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales se disponía de casi 59,2 millones de pesos, monto que permitía hacer frente al pago de haberes.
Al margen de lo sostenido por uno y otro lado, la nota elevada por los funcionarios responsables de la Contaduría General de Gobierno al ministro de Economía, Roberto Crocianelli, permitió confirmar algunas versiones y empezar a desentrañar con mayor precisión la realidad de lo sucedido.
En el escrito se precisa, en lo referente a la transferencia de fondos a la Justicia, Legislatura, Oganos de Control e INFUETUR, que los expedientes en cuestión no pudieron ser tramitados en tiempo y forma por encontrarse el personal de Mesa General de Entradas y Salidas, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, "realizando medidas de fuerza desde hace alrededor de 15 días". Los contadores Jiménez y Fehrmann, señalan además que aún "si fuera posible dar apertura es los expedientes de los mencionados organismo, no corresponde pretender que la Contadora General o el Subcontador General realicen todo el trámite de reserva de crédito, compromiso, devengado, emisión de orden de pago y firma de la misma, como si se tratara de una situación de emergencia, por cuanto la única situación de emergencia que reconocemos y en la que estamos dispuestos a no cumplir todos los procedimientos que hacen a la seguridad del manejo de disposición de fondos presupuestarios y financieros es en una situación que haga a cuestiones de salud de la población o de real emergencia", como derivaciones o desastres naturales. Agregan que "no es posible que habiendo dispuesto el personal de planta que hará paro durante toda la jornada laboral, pretender definir que el pago de haberes es una situación de emergencia o urgencia y que aceptemos los firmantes llevar a cabo actos de disposición de fondos. Con este criterio -señalan-, si el paro se prolongara en el tiempo deberíamos considerar todos los expedientes como trámites de urgencia, reemplazando al personal de planta en sus funciones normales y habituales, entre las cuales se encuentran también las del inexcusable control que deben realizar sobre los fondos públicos, lo que se impide si en todo el proceso del expediente intervienen solamente funcionarios políticos".

Administración Central, un caso distinto

Si bien en la nota en cuestión no se hace referencia puntual al caso de los haberes de la Administración Central, todo habría estado dispuesto para su liquidación, pero esta no se habría concretado por una decisión de estricto tenor político tomada en las más altas esferas del Gobierno provincial.
Según trascendió, la determinación de postergar el pago de la primera cuota de los haberes al personal que revista en los escalafones  Seco, Salud, Docente, SAT, Aeronáutica y Seguridad se adoptó en atención a la imposibilidad de cumplir con la transferencia de fondos a la Justicia y Legislatura, y desbaratar así la pretensión de sectores gremiales de la Administración Central de garantizarse el cobro íntegro de sus haberes.
Las versiones indicaban que la postura gubernamental se mantendría inalterable hasta tanto se habilite la tramitación administrativa de los expedientes de remisión de fondos a los Organos de Control, INFUETUR y demás Poderes del estado.

Sanciones en puerta Los responsables de la Contaduría General de Gobierno solicitaron se le asigne a esa dependencia  "asesoramiento legal laboral para actuar frente a estos hechos de conflicto, fundamentalmente porque con tales medidas se afectó el 100% de la jornada laboral con las nocivas consecuencias que ello acarrea desde el momento que impide el normal desenvolvimiento de la Provincia".  Por su parte, el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, anunció, en declaraciones radiales, que se están analizando las posibles sanciones a aplicar al personal de planta que no cumplió con sus obligaciones funcionales.

Conferencia de prensa de la Gobernadora Con el objeto de clarificar la situación que motivó la postergación del pago de los salarios públicos, la gobernadora Fabiana Ríos y el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburú, brindarán a las 10 de la mañana una conferencia de prensa.  Fuentes gubernamentales adelantaron que la mandataria desmentirá también las versiones que circularon ayer, y que deban cuenta de su posible renuncia como la de algunos de sus más estrechos colaboradores.

Planes y pensiones se pagan La postergación en el pago de salarios no afectó el cronograma de cobro de pensiones y ayuda económica a beneficiarios de planes sociales, por lo que estas se liquidaron a partir de la medianoche de ayer. Desde el ministerio de Gobierno se precisó que ello fue posible en virtud de que esos pagos están sujetos a un circuito administrativo diferente al de los salarios, que depende directamente de la Tesorería General.