a pretensión del Poder Ejecutivo de contar con un nuevo código fiscal que le otorgue al Estado nuevas herramientas de control en materia tributaria se encamina a un casi seguro fracaso, ya que la oposición considera que la norma elaborada por la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia contempla una serie de medidas que podrían resultar contrarias a derecho y que constituyen un exceso de atribuciones en perjuicio de los contribuyentes inscriptos, en tanto que poco avanzaría para el blanqueo de situaciones fiscales irregulares.
En cuanto al proyecto de ley de obligaciones fiscales, desde las bancadas del Frente para la Victoria, Movimiento Popular Fueguino y Unión Cívica Radical se entiende poco oportuno convalidar, en un momento de crisis como el que vive en la actualidad la provincia, un incremento de la presión tributaria, tanto por los efectos negativos que aquella podría tener sobre la formación de precios al consumidor como así sobre el mercado laboral.
Sobre esta iniciativa no habría una postura unánime en la oposición, ya que mientras desde el Frente para la Victoria se adelantó una cerrada negativa a todos los aspectos del proyecto gubernamental, desde el radicalismo se entendió adecuado actualizar los valores de las tasas retributivas de servicios, ya que los actualmente en vigencia datan de 1998. Incluso se mencionó la posibilidad de proponer que la ley prevea un mecanismo de actualización automático, mediante la creación de un índice similar al que el Consejo Deliberante de Ushuaia dispuso para la fijación del monto de las multas.
Por su parte, desde el bloque del MPF se dejó abierta la definición sobre el futuro de la nueva tarifaria a lo que surja de las reuniones que la Comisión de Presupuesto mantendrá con las cámaras de comercio y empresarias de la provincia. Esto podría interpretarse de la siguiente manera: aquellos aspectos del proyecto de tarifaria que no merezcan objeciones serían aprobados, pero no así aquellos que sean objeto de cuestionamientos.
Desde esta bancada se cuestionó también la falta de decisión política de parte del Gobierno para implementar herramientas de política tributaria contenidas en la denominada ley corta, tal el caso del revaluó del inmobiliario rural. "El año pasado nos pidieron una serie de herramientas, algunas de las cuales fueron dadas por la Legislatura, pero en una año no hicieron nada. En resumidas cuentas, estamos en la misma situación que a fines de 2007 cuando el Gobierno no presentó también una nueva ley tarifaria".
Oficialmente, el parlamento abrirá la discusión en torno a estas dos iniciativas hoy a las 14, con la participación de los representantes de las Cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande, y tendrá continuidad durante la semana venidera. Esto torna prácticamente inviable que en la sesión de este jueves 16 pueda darse alguna definición sobre la prórroga de la denominada tarifaria corta, que vence a fin de mes.
