ras algo más de catorce meses de iniciada, el pasado 18 de marzo nuestro medio tomó conocimiento de una querella criminal contra el diario del Fin del Mundo promovida por el ex gobernador fupista Hugo Cóccaro.
Invocando la comisión del supuesto delito de "Calumnias Injurias e Injurias Encubiertas o Equívocas" y contando con el patrocinio letrado del Dr. Fernando Domínguez Pose, quien se desempeñara como secretario Legal y Técnico durante la gestión del destituido Jorge Colazo, su compañero de fórmula, Hugo Cóccaro, inició una querella criminal contra este medio en la persona del director, Roberto Cabezas. Cabe mencionar que la acción, que se remonta al 29 de noviembre de 2007, fue notificada el pasado 18 de marzo de 2009.
Según Cóccaro, la comisión del supuesto delito por él invocado se habría producido a partir de una nota que el diario del Fin del Mundo publicara el pasado 30 de octubre de 2007, en la cual nuestro medio daba cuenta de la presentación de una denuncia penal impulsada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia que involucraba a funcionarios del ex gobernador Cóccaro en la eventual comisión del delito de defraudación contra la administración pública y/o incumplimiento de deberes de funcionario público y/o falsedad ideológica de documento público. La noticia destacaba que la misma constituía la primera denuncia que involucraba directamente a funcionarios coccaristas por la supuesta irregular compra de 106 mil litros de pintura, por un monto aproximado de $1,7 millones.
En una insólita interpretación de la noticia, el ex gobernador Cóccaro asume sentirse injuriado por el contenido de la nota en cuestión.
El pasado 31 de marzo debía desarrollarse la audiencia de conciliación conforme lo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, instancia que el diario declinó en el más absoluto convencimiento de no haber incurrido, ni remotamente, en la comisión de delito alguno. La causa se encuentra actualmente a la espera de la fijación de fecha para juicio.
La proliferación de juicios civiles, con la amenaza de enfrentar penas de prisión y sumas exorbitantes de dinero en concepto de reparación del daño al honor, compromete la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos en general, particularmente en cuestiones en las que las expresiones vertidas están referidas a asuntos de interés público. Situaciones como ésta motivaron por ejemplo que el Centro de Estudios Sociales y Legales sugiera una reforma del Código Civil de la Nación.
El antecedente más destacado en este sentido está protagonizado, nada más y nada menos, que por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que en su fallo a favor del periodista argentino Eduardo Kimel en mayo de 2008, además de condenar al Estado Nacional le ordenó a la Argentina adecuar la legislación interna para evitar que el uso de estas figuras legales afecte el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, inhibiendo la participación ciudadana o la labor periodística en el debate de los asuntos de interés público.
Si los procesamientos dictados por la Jueza Maria Cristina Barrionuevo del ex ministro coccarista Omar Deluca, Victoriano Moya, Patricio Lambert y Carlos Luquez, quienes por ese entonces ocupaban la subsecretaría de Infraestructura, la dirección Provincial de Infraestructura y Emergencia, y la dirección de Infraestructura y Obras por Administración, respectivamente, en el entendimiento que los mismos podían llegar a estar involucrados en una maniobra preconcertada para la compra de 106 mil litros de pintura por un monto de $1,7 millones, más las versiones que por ese entonces referían que en la situación denunciada podría llegar a estar vinculado un familiar del ex gobernador Cóccaro, situación que luego en la práctica no se comprobara, no constituyen un asunto de interés público, nos preguntamos qué puede llegar a serlo.
En los comienzos de la gestión Colazo-Cóccaro nuestro medio fue víctima del incendio intencional de sus instalaciones, hecho inédito en nuestra provincia el que no fue esclarecido hasta la fecha. La finalización de la gestión del destituido gobernador Colazo con su compañero de fórmula Hugo Cóccaro como titular del ejecutivo provincial significó la presentación de una querella criminal contra este medio. La única en el ámbito de la provincia contra un medio periodístico. ¿Todo un estilo?
