on la intención de garantizar el normal desarrollo de las instituciones y garantizar el pago de haberes y las funciones prioritarias del Estado, la gobernadora Fabiana Ríos declaró la emergencia administrativa en las jurisdicciones propias de la gobernación para contrarrestar así los efectos de las diversas medidas de protesta que los empleados públicos vienen sosteniendo desde hace más de un mes, las que han "resentido severamente los circuitos y tramitaciones administrativas", y "generado una prolongada situación de afectación de la normal prestación de los servicios gubernamentales".
En la norma –dictada el sábado pasado y que tendrá vigencia hasta que se reestablezca el normal funcionamiento administrativo o cesen las medidas de fuerza adoptadas por los sindicatos estatales– se reconoce que parte de la administración provincial se encuentra en estado de "crisis y emergencia" que está poniendo en riesgo "el buen orden administrativo, el bien común, el bienestar general y la tutela de los derechos y deberes de la población, y se dispone, en atención a ello, autorizar al ministerio de Gobierno a elaborar "un plan de acción para la regularización de los circuitos administrativos y para coordinar y efectuar relevamiento de datos, información y documentación pública que se estime necesaria para el cumplimiento de los objetivos previstos" en el decreto 737/09, que no son, ni más ni menos, que garantizar "el despacho de los servicios y tramitaciones públicas urgentes e indispensables que se encuentren pendientes y las que se requieran mientras esté vigente la presente norma".
A tal fin se determina que las autoridades gubernamentales "deberán prestar la máxima colaboración que esté a su alcance" y se habilitan días y horas inhábiles. Además se autoriza al Ministerio de Gobierno a aceptar las comisiones de servicios, adscripciones o traslados que se determine como necesarios para el fiel cumplimiento de la norma" y a proceder, toda vez que resulte necesario, a realizar la liquidación de haberes de los agentes públicos, la que quedará sujeta a verificación y ajuste posterior.
Determina también que las autoridades de cada ministerio deberán dar prioridad a las tramitaciones administrativas para garantizar el funcionamiento de actividades vitales y esenciales, y a tal fin establece como funciones prioritarias "el servicio de comedores escolares, el pago de pensiones y subsidios, la transferencia y distribución de coparticipación a los municipios, demás poderes y organismos de la provincia".
Llamado de atención a los gremios
En el considerando del decreto en cuestión se asegura que el dictado de esta emergencia "no implica cercenar el ejercicio de ningún derecho laboral o sindical pues, el derecho a huelga no ha siso cercenado en ningún aspecto", pero se recuerda a las entidades sindicales del sector público que se encuentra en plena vigencia el decreto 2441/98 que reguló la realización de asambleas en el sector público.
Se precisa que la validez constitucional de la norma dictada durante la gestión del gobernador José Estabillo ha sido ratificada "por decisión del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y por el Comité de Libertad Sindical de al Organización Internacional del Trabajo". La Gobernadora considera oportuno referir que la OIT ha sostenido reiteradamente que ninguna herramienta que facilite el desarrollo de la tarea gremial puede perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado.
