a jornada de alegatos en el juicio contra 3 ex funcionarios de la gestión de Colazo se llevó a cabo el viernes en Tribunales, donde se leyó un escrito del Tribunal de Cuentas Provincial como actor civil, el pedido de pena del fiscal Mássimi y la respuesta de los abogados defensores.
Al presentar su alegato, el doctor Guillermo Mássimi pidió 3 años de prisión para Mónica Díaz (ex directora de Administración Financiera del Ministerio de Desarrollo Social), una multa de $18.500 para Miriam Francisquini (ex Ministra de Desarrollo Social) y la absolución por los hechos dolosos; 2 años y 6 meses de prisión para Julio Ávalos (titular de la empresa MECOVIAL); 2 años y 4 meses para Omar Calquín (apoderado de la empresa JEC Servicios); 2 años para Viviana Pinus (empresa VAP) y 4 años y 8 meses para Pedro Bernal, ex Secretario de Obras Públicas. Por otro lado, desligó a Manuel Sánchez, dueño de MS Construcciones, de responsabilidad en el delito que se le imputaba.
Cabe recordar que durante el año 2004 Francisquini solicitó la autorización de un anticipo con cargo a rendir por $60.000, que supuestamente sería destinado a la adquisición de materiales para la construcción, con el objeto de brindar solución habitacional a personas carentes de recursos, y luego pidió una ampliación del anticipo con cargo a rendir de $50.000 (lo que elevó la suma a $110.000), para atender a casos sociales de familias de Tolhuin, Río Grande y Ushuaia, dinero que según la declaración de las personas que lo solicitaron, no fue utilizado en esos casos. Según el Fiscal, los empresarios involucrados eran los encargados de de proveer al Gobierno de materiales para construcción, que prestaron facturas facilitando que los funcionarios llevaran adelante la defraudación.
En el caso del Tribunal de Cuentas, los doctores Oscar Suárez y Juan Carlos Sal Clérici precisaron que en el caso de Francisquini, era su responsabilidad ejercer control sobre los fondos, y que si hubiera cumplido con ello no podría haberse realizado el delito. Por otro lado, remarcaron que los empresarios realizaron la provisión de facturas por servicios que nunca se prestaron, y los funcionarios no cumplieron en utilizar el dinero público de anticipos en lo rendido, por lo que "todos los imputados deben resarcir el daño generado al patrimonio del Estado". Por ello, la petición del órgano de control fue que quedara aclarada la responsabilidad civil de los demandados y se les exija la totalidad del monto más las costas.
Por su parte, el fiscal Guillermo Mássimi aseguró que "se agregaron facturas aparentando un servicio que nunca se prestó", ya que nadie afirmó que los trabajos fueron realizados, ni siquiera los imputados. En otro sentido, señaló que se demostró el peculado y la falsedad, y el armado del expediente ya que hubo "una selección de qué documentación e información agregar y cuál no".
Mássimi explicó además que Francisquini posibilitó la extracción de fondos, y que pidió el dinero para materiales, mientras que en todas las facturas se incluye mano de obra. También hizo referencia a su responsabilidad de controlar, por ser la Ministra, y observó que "le hubiera llamado la atención todo lo irregular". En el caso de Bernal, el Fiscal recordó que minutos después de recibir los $50000, depositó el dinero en la cuenta de Ana Córdoba de Colazo. Así, destacó que se cometió el delito de peculado reiterado en 2 oportunidades, correspondiente a los anticipos con cargo a rendir por $60000 y $50000; por lo que consideró coautores a Bernal y Díaz, así como a Pinus, Ávalos y Calquín partícipes necesarios. Finalmente dijo que a su entender, Francisquini cometió el delito de malversación culposa de caudales públicos, y aseguró que los agravantes para Bernal son que cometió el delito de forma premeditada para la adquisición de un inmueble, y haber protagonizado una intimidación a Luis Bernales Díaz para que cambiara su declaración.
Posteriormente, los defensores Félix Santamaría y Mariano Soler sostuvieron la inocencia de Bernal por falta de pruebas; mientras que el doctor Montero, defensor de Francisquini, dijo que Díaz y Bernal "robaron para la corona" (refiriéndose a Colazo), y aseguró que su defendida no tuvo dominio sobre los hechos. Por su parte, el doctor Julián De Martino explicó que su defendido Julio Ávalos no era el apoderado de la empresa a la fecha de presentación de las facturas.
Finalmente, el defensor de Mónica Díaz, doctor Ariznabarreta, señaló que su defendida cobró los anticipos y los entregó a Economía, donde alguien utilizó el dinero con fines desconocidos. A su entender, el delito que cometió es el de peculado culposo (facilitó que un tercero sustrajera el dinero por falta de control). El defensor pidió su absolución en peculado doloso por el beneficio de la duda, y en peculado culposo por la prescripción de la acción penal.
De esta forma, tras finalizar los alegatos, los jueces decidieron continuar mañana a partir de las 9 con las últimas palabras de los imputados, por lo que la sentencia podría conocerse en horas de la tarde.
