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obre un total de ingresos previstos en 2.371 millones de pesos para 2010, el gasto que se estimó durante el próximo año para la Administración Central alcanza los 2.377 millones de pesos. Es decir, unos 6 millones por encima de global de recursos provinciales. En tanto, la administración descentralizada totaliza erogaciones por 501,7 millones de pesos, con lo que el consolidado de gastos corrientes y de capital asciende a 2.879 millones de pesos, lo que arroja un déficit de 508 millones de pesos para el ejercicio presupuestario del año venidero.
Sobre los 2.377 millones de gastos de la Administración Central, los correspondientes al Poder Ejecutivo suman 2.159 millones, un 91% respecto de los recursos totales. Los de la Legislatura representan el 2,38%; los de la Justicia el 5,6%; los del Tribunal de Cuentas el 1,02% y los de Fiscalía de Estado el 0,14%.
En cuanto a la participación de la Administración Centralizada sobre los 2.879 millones de gastos, esta asciende al 82% y la de la Administración Descentralizada al 18%.
Sobre ese total de erogaciones, las del Poder Ejecutivo representan un 74% 2.159 millones); las de la Legislatura el 1,96% (56,4 millones); la del Poder Judicial el 4,1% (133,9 millones); las del Tribunal de Cuentas el 0,8% (24,3 millones) y las de la Fiscalía de Estado el 0,1% (3,4 millones de pesos).
La composición de los ingresos Los 2.371 millones de ingresos estimados para el 2010 se integran, para el caso de la Administración Central, con 1.773 millones de recursos corrientes y 167,3 millones de capital, lo que totaliza 1.940 millones de pesos. Es decir, 436,4 millones de pesos menos que los 2.377,8 millones de gastos. En tanto, para la Administración Descentralizada 275,9 millones corresponden a recursos corrientes y 154,7 de capital, lo que arroja un total de 430 millones de pesos al año, lo que plantea un déficit para la Administración Descentralizada de 71,1 millones de pesos respecto de los 501,7 que se estima erogará durante a lo largo de los 12 meses del próximo ejercicio presupuestario.
De los 2.049 millones de recursos corrientes que suman la Administración Central y la Descentralizada, 1.289 millones son de origen tributario; de los cuales 825 millones provienen de transferencias nacionales y otros 270 millones del cobro de Ingresos Brutos. Otros 512 millones corresponden a ingresos no tributarios, siendo los más relevantes los 257 millones de pesos provenientes del cobro de regalías hidrocarburíferas; los 119 millones de tasas; los 105 millones de pesos de "otros ingresos no tributarios" y los 161,2 millones de pesos correspondientes al capitulo de "ingresos por operación".
En cuanto los ingresos de capital, de los 322 millones de pesos estimados, 319,6 millones se corresponden a transferencias del sector público nacional.
Dentro del capítulo de los ingresos es de destacar que aquellos alcanzados por el régimen de coparticipación provincial suman 1.283 millones de pesos, de los cuales el Ejecutivo debe distribuir 361,2 millones a los municipios y comuna. De ese monto, 183,6 corresponden a Río Grande; 164 millones a Ushuaia y 13,6 millones a Tolhuin. ,
La composición del gastoDe un rápido análisis de la forma en que se integra el rubro de gastos del presupuesto 2010, la partida destinada al pago de personal asciende a los 1.446,9 millones de pesos, de lo cuales 1.325,6 corresponden a la Administración Central y 121,3 millones a la Descentralizada. Otros 486 millones de pesos corresponden al rubro trasferencias (coparticipación y educación privada, entre otros), de las cuales 481,3 millones de pesos deben ser afrontadas por el Poder Ejecutivo, y 584,5 millones al rubro construcciones. De este último total, 318,2 millones corresponden a la Administración Central y 266,2 a la Descentralizada.
En materia de gasto salarial, del monto previsto para esa partida el Poder Ejecutivo tiene previsto ejecutar 1.146,6 millones de pesos al año. Es decir, un 79,2% del total para cumplir con el pago de haberes de 8.513 cargos de su planta de personal. La legislatura destinará 40,6 millones para atender los salarios de 243 cargos; la Justicia 113,1 millones de pesos para 487 cargos; el Tribunal de Cuentas 22,2 millones de pesos para 101 cargos y la Fiscalía de Estado 3,1 millones de pesos para 15 cargos.
En atención a la fuerte incidencia que tiene este gasto inflexible sobre los ingresos públicos, el Poder Ejecutivo estipuló en el proyecto de ley de presupuesto puesto a consideración de la Legislatura, que "las remuneraciones de toda persona, en su carácter de Empleado, Funcionario y Magistrado, electos o designados, de cualquiera de los tres poderes del Estado, no podrán superar en ningún caso a la remuneración establecida para el Gobernador de la Provincia, siendo dicha remuneración el máximo encuadramiento posible a nivel constitucional en cuanto al concepto de sueldo digno o retribución justa, a partir de la cual se deben armonizar y limitar las cláusulas y atribuciones pertinentes." En función de ello se establece, con carácter general, la prohibición de efectuar "liquidación de haberes alguna que exceda, por todo concepto, el tope del artículo 73 de la Constitución Provincial". Es decir, los 15 mil pesos que percibe la Gobernadora como haber mensual bruto.
Para el caso de aquellos salarios que superen ese límite, se impulsa el congelamiento de los mismos "hasta tanto encuadren en la disposición" constitucional.
A pesar de ello, en el proyecto se deja abierta la puerta a futuras recomposiciones salariales, al fijar la facultad de poder "reestructurar los créditos del inciso Personal en función de la recomposición de los salarios, aportes y contribuciones del personal de la Administración Central y Organismos Descentralizados, así como por las adecuaciones que deriven de la reforma de estructuras ministeriales", pero previendo que estas mayores asignaciones "deberán estar compensadas por la disminución de los gastos corrientes o de capital, o bien a través del incremento de los recursos o el financiamiento, de manera de garantizar el principio de equilibrio presupuestario de cada organismo".
Responsabilidad Fiscal En este marco de medidas apuntada a adecuar el gasto a los ingresos efectivamente percibidos, la gestión Ríos apunta a dar estricto cumplimento a la ley de Responsabilidad Fiscal, habilitando en ese marco al ministerio de Economía a establecer "el procedimiento de cuotificación financiera que permita lograr el objetivo" de preservar el equilibrio financiero, el que sostiene "se medirá como la diferencia entre los recursos percibidos y los gastos devengados".
Reestructuración de la deuda pública Al margen de las gestiones encaradas ante el Gobierno nacional para poder acceder al Programa de Asistencia Financiera, con lo que busca refinanciar deuda contraída con organismos nacionales, el Ejecutivo fueguino busca reestructurar el perfil de la deuda pública mediante la emisión de "bonos, títulos públicos o novación de deuda con garantía de recursos de origen provincial o federal, o bien por la cesión o fideicomiso de derechos o acreencias, hasta la suma de 200 millones de pesos", parte de los cuales también podrán destinarse a financiar obras de infraestructura.
Libre disponibilidad por leyA pesar de haber sido duros críticos de la incorporación dentro de la ley de presupuesto de "disposiciones accesorias de carácter permanente", ahora como oficialismo recurren a ellas. Una de éstas, la contenida en el artículo 21, pretende evitar futuras controversias respecto de la utilización del denominado Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), para lo cual propone "establecer la libre disponibilidad de los fondos de afectación específica del
Poder Ejecutivo como así también de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública y su inmediata incorporación al Tesoro de la Provincia", con excepción de aquellos "fondos nacionales con destino específico" y provenientes de la venta anticipada de gas de regalías a Tierra del Fuego Energía y Química.
La tarifaria no se trata esta semana
Tras el encuentro mantenido ayer entre el ministro de Economía, Rubén Bahntje; el subsecretario de Ingresos Públicos, Víctor Díaz; y las legisladores Mónica Urquiza (MPF) y Ana Lía Collavino (FPV) se diluyó la posibilidad de que el Parlamento puede trata esta semana, en sesión especial, el proyecto de tarifaria elaborado por el Ejecutivo.
En esa reunión ya se acordó dejar sin efecto el aumento de alícuotas sobre Ingresos Brutos para algunas actividades comerciales y de servicios, pero aún resta definir los alcances que tendrá el beneficio de tasa cero para las actividades agropecuaria, forestal y turbera, y para la industria plástica.
La definición de esta cuestión resulta de suma trascendencia de cara al debate parlamentario del proyecto de presupuesto, ya que el Ejecutivo contempló en el capítulo de recursos los ingresos que generaría la nueva ley tarifaria según su redacción original, estimados en unos 150 millones de pesos.
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