El Fiscal de Estado solicitó ayer al Superior Tribunal de Justicia el dictado de una medida cautelar, inaudita parte, que imponga al Poder Ejecutivo no ejercer acto alguno relacionado con la pretendida veta directa de gas de regalías a la empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA que comprometa al Estado provincial. Peticiona que esta prohibición tenga efecto hasta tanto queden levantadas las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a la oferta de suministro de gas firmadas el pasado 28 de abril por la gobernadora Ríos y la Legislatura dicte una ley aprobando el contrato, que, a su vez, modifique las condiciones de autorización estipuladas en la ley 774.
De receptar favorablemente la Justicia la presentación que formalizó ayer el órgano de control, el Ejecutivo debería abstenerse, por ejemplo, de aceptar el depósito de 27 millones de dólares que la empresa realizaría en los próximos días, como así también "de utilizar los fondos depositados (3 millones de dólares) o lo que puedan llegar a depositarse".
En su presentación, el doctor Virgilio Martínez de Sucre detalla todas y cada una de las actuaciones llevadas adelante por la Fiscalía de Estado en torno al tema, a la vez que pone de resalto la escasa o nula predisposición puesta de manifiesto por los funcionarios del Ejecutivo para responder las diversas requisitorias que le fueran formuladas a lo largo de la cuestionada y poco clara negociación llevada adelante por el Gobierno con la empresa.
Deja constancia también de las presentaciones realizadas ante el Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación de Ushuaia, como así también de las permanentes remitidas a la Legislatura para mantener informado a ese Poder sobre el tema.
En esta detallada cronología destaca el hecho de que la Gobernadora haya firmado el 28 de abril la oferta de suministro de gas a la empresa "sin espesar el dictamen del Tribunal de Cuentas" y "habiendo transcurrido sólo un día hábil" desde que el Ejecutivo remitiera a ese órgano de control el expediente administrativo referido a esa operación, y que esta firma haya sido ocultada por la administración Ríos y recién reconocida el 11 de mayo por el secretario de Hidrocarburos, Eduardo D´andrea, luego de que el funcionario fuera intimado por la Fiscalía.
También hace espacial hincapié en el viaje que en julio de 2008 realizaron a China el por entonces ministro de Economía, Roberto Crocianelli, y el secretario de Hidrocarburos. Sobre el particular reseña que ambos funcionarios viajaron sin haber sido comisiones por el Gobierno, y sin pasajes ni viáticos a cargo del Estado.
Precisa que ambos funcionarios -que originalmente habían sido comisionados a Buenos Aires "a fin de asistir a distintas gestiones en el Banco Central", el ministro, y "para analizar aspectos técnicos de la propuesta de Schlubember en área CA 12", el secretario-, abandonaron Argentina el 19 de Julio "en el vuelo 1440 de Aerolíneas Argentinas a Italia, regresando el 29 de julio en el vuelo AR 1441. Llegaron a Italia el 20. Quizás el 21 a China y el 22 firmaron" el acuerdo de cooperación que dio origen a la cuestionada operación de venta directa de gas de regalías. Para emprolijar administrativamente este viaje, indica que "el 20 de agosto de 2008, es decir casi un mes después de su regreso" se dictó el decreto 1664/08, por el cual se extendió la comisión de servicios original "hasta el 29 de julio, a China con el objeto de firmar un convenio para llevar adelante el interconectado provincial, siendo el centro de generación Río Grande, y también la construcción de una planta de metanol que le dará valor agregado a la producción de gas".
Al margen de estos cuestionamientos, si el Poder Ejecutivo cumple con los requerimientos referidos en la presentación de la Fiscalía de Estado (levantamiento de las observaciones del Tribunal de Cuentas y posterior intervención a la Legislatura para que apruebe el contrato de venta de gas y modifique las condiciones de autorización de la ley 774) estaría en condiciones de avanzar en la concreción definitiva de la operación, ya que, entonces sí, el contrato contaría con el debido amparo legal.
