De compartir la Corte fueguina el criterio que habría sustentado el Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, la suerte de la venta directa de gas de regalías a Tierra del Fuego Energía y Química estaría echada, por cuanto el doctor Oscar Fappiano habría interpretado que la ley que habilitó la contratación directa con la empresa de capitales es inconstitucional.
De acuerdo a la información a la que pudo acceder el EDFM, el Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia habría coincidido con el planteo formulado, bajo la figura de Amigo de la Corte, por el ex vicegobernador Carlos Bassanetti en cuanto a que la norma sancionada por la Legislatura, en diciembre de 2008, resulta abiertamente incompatible con el precepto constitucional contenido en el artículo 74 que establece que "las contrataciones del Estado (…) se efectuarán según sus leyes (…) específicas en la materia, mediante el procedimiento de selección y una previa, amplia y documentada difusión". Bien vale recordar que ninguno de estos postulados fue respetado por el Ejecutivo.
En el escrito remitido a la Corte el pasado lunes 9, Fappiano también sostendría que los términos en que se pretende concretar esta operación resultarían incompatibles con los requisitos establecidos por la ley de contabilidad en lo referente al régimen de contrataciones, y que igual situación se verificaría respecto de la normativa nacional que rige en materia de hidrocarburos.
Además, el alto funcionario judicial habría recomendado a la Corte hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por el Fiscal de Estado. A diferencia del criterio sustentado por el órgano de control –que peticionaba se ordene a la gestión Ríos se abstenga de llevar adelante cualquier acto vinculado con la venta directa de gas a TFEQSA, hasta tanto el contrato sea aprobado por el Tribunal de Cuentas y la Legislatura– el doctor Fappiano postularía que la medida suspensiva sea dictada hasta tanto hasta tanto el Gobierno cumpla con la Constitución y las leyes vigentes en la Provincia y en la Nación, ya que no alcanzaría para salvar la afectación a la carta magna provincial que la Legislatura se limitara a rectificar los plazos de pago incumplidos y a ratificar posteriormente el convenio firmado el 28 de abril por la gobernadora Fabiana Ríos.
Ya con esta documentación en su poder, el Superior Tribunal de Justicia deberá rápidamente abocarse a resolver el planteo de excusación formulado por el juez Javier Muchnik. Una vez definida esa cuestión, con o sin la participación de Muchnik en las actuaciones, tendrá que analizar la causa y dictar sentencia.
