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na joven que cursaba como estudiante en la Escuela de Policía de la Provincia fue dada de baja tras haber quedado embarazada, pese a estar advertida del reglamento policial.
Al parecer ya pasaron 9 meses del pase a disponibilidad, inclusive la joven ya habría dado a luz a su bebé y nadie firma la baja por embarazo, responsabilidad ésta que recae sobre la gobernadora Fabiana Ríos. Cabe señalar que sólo se sanciona a las mujeres por esta situación, ya que si quien queda embarazada es la esposa de un cadete no se adoptarían las mismas medidas. El caso pasará a la Justicia.
La joven Lorena Martínez era una estudiante más de la Escuela de Cadetes de la Policía Provincial que cursaba sus estudios normalmente hasta que quedó embarazada y por esta razón le dieron la baja fundamentando tal decisión en un decreto del Gobierno Provincial que prohíbe casarse, tener hijos o personas a cargo. La recomendación de la baja estuvo a cargo del ex jefe de la fuerza, Walter Papa.
Esta norma está caduca en todo el mundo ya que viola principios fundamentales respecto de los derechos de las mujeres y el trabajo. La situación le generó a la estudiante un cuadro psicológico que provocó el adelantamiento del parto.
Esto ocurrió hace 9 meses, pero ahora ya nació el bebé y la mujer sigue sin poder recuperar su carrera, porque desde el Gobierno Provincial la Gobernadora no ha firmado el decreto de baja de Lorena Martínez, para que su abogado pueda accionar judicialmente apelando la medida y declarando la inconstitucionalidad del decreto que reglamenta el ingreso a la escuela donde se deja aclarado que "ella no puede modificar su estado civil ni tener personas a cargo", señaló el Dr. Díaz, pero ésa en realidad es una situación que se maneja podría decirse casi de manera discriminatoria, debido a que si el estudiante es hombre no hay problemas en que su esposa quede embarazada, pero si es mujer se le da la baja, en realidad lo que se intenta plantear es que tendrían que suspender durante el tiempo del embarazo su permanencia en la escuela, hasta tanto cese con esa condición, que es temporal, de 9 meses.
Por otro lado, a esta joven "la están privando de sus ingresos alimentarios por el hecho de estar embarazada", remarcó el abogado, violando todos los derechos de la mujer y del niño, e inclusive una de las condiciones más importantes que protege la maternidad y la mujer embarazada porque está cumpliendo el fin último y social que es procrear".
El abogado espera que la Gobernadora firme la baja o saque el decreto que tiene demorado hace tanto tiempo dándole la baja y de esta manera la damnificada pueda recurrir a un juzgado y denunciar esta baja irregular.
