Los empleados de la Dirección de Políticas de Minoridad, Infancia y Adolescencia de Río Grande se retiraron de las oficinas como protesta por las malas condiciones edilicias en las que deben trabajar. En septiembre del año pasado habían sido desalojados de otro inmueble y Gobierno se había comprometido a gestionar un nuevo lugar en 15 días, pero ya pasaron cuatro meses.
La medida fue adoptada durante la mañana de ayer por alrededor de 30 agentes de la dependencia provincial. Firmaron un acta con el aval de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y abandonaron las instalaciones de Prefectura Naval Argentina 250, espacio que no cumple con los requisitos básicos para desarrollar las tareas de asistencia social y con graves deficiencias.
Al parecer, la una nueva postergación del contrato por otro alquiler generó el malestar entre los trabajadores. El Ministerio de Desarrollo Social trabaja en la gestión de oficinas acorde con las necesidades laborales del sector pero el propietario habría cambiado algunas cláusulas, lo cual habría provocado otra demora en el asunto.
La delegación de la controversia está ubicada en el barrio de Chacra II y el trabajo se hace imposible en las condiciones actuales: tres oficinas repletas de mobiliarios y cajas con documentación, un baño utilizado como depósito, personal hacinado en una oficina, falta de sanitarios y calefacción a estufas eléctricas. El próximo lunes se realizará una asamblea informativa entre los empleados y se analizará la continuidad del conflicto.
"Es insoportable seguir prestando servicios en las actuales condiciones. Exigimos que los compañeros puedan realizar sus tareas en un ámbito que cumpla con las normativas vigentes en materia de higiene y seguridad", dijo el dirigente riograndense de ATE, Marcelo Córdoba. Con el Ministerio de Trabajo como intermediario, el 30 de septiembre del año pasado se labró un acta donde las autoridades del área se comprometieron a brindar una solución en el corto plazo.
Ese mes había finalizado el alquiler anterior en la zona céntrica de la ciudad del norte provincial, de donde fueron desalojados. A partir de entonces se trasladaron a Prefectura Naval Argentina 250, aunque padeciendo condiciones edilicias que violan las leyes de Higiene y Seguridad, teniendo en cuenta además que el desempeño de los agentes está relacionado con los sectores más pobres de la sociedad, con problemáticas económicas y sociales.
En los últimos días, debido a la falta de calefacción, el personal del organismo utilizó un radiador eléctrico y en una sola oficina se agrupaban todos los trabajadores y se llevaban adelante las entrevistas con las personas que asisten pidiendo ayuda. Luego de realizar un acta, con el amparo del gremio de estatal y en reclamo a la gestión del ARI por condiciones laborales en cumplimiento de las leyes vigentes, los empleados decidieron negarse a continuar trabajando en el lugar. La medida se origina por las escasas dimensiones del edificio y la falta de una resolución del Ministerio al compromiso de un nuevo alquiler.
