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or primera vez en la historia de la Justicia provincial, un Tribunal Oral en lo Criminal aceptó la declaración de testigos a través del sistema de videoconferencia. La experiencia se concretó en Ushuaia el jueves 25 de marzo, aunque trascendió recién ahora porque tuvo lugar durante el desarrollo de un juicio oral de características reservadas, debido a la naturaleza sexual de los delitos investigados.
Como consecuencia del proceso judicial, que culminó el viernes 26, fue condenado José Colmenares a siete años de prisión de cumplimiento efectivo, por el abuso sexual y las lesiones graves producidas a una mujer mayor de edad. La Fiscalía había requerido una pena de siete años y ocho meses de cárcel para el imputado.
En ese contexto, el tribunal integrado por los jueces Roberto Magraner, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón aceptó la declaración mediante videoconferencia de dos mujeres (hermanas entre sí) que se encontraban en la provincia de Jujuy. El procedimiento había sido propuesto por el fiscal Daniel Curtale y aceptado tanto por los abogados defensores como por los jueces intervinientes.
La modalidad registraba un solo antecedente: fue utilizada por el Juzgado Correccional de Ushuaia en el caso N°1789, caratulado "Torres sobre daño", que fue juzgado en septiembre del año pasado. Sin embargo, esta fue la primera vez que se usó en el marco de una causa del tribunal oral.
La tecnología para efectuar el enlace entre Tierra del Fuego y la provincia del norte del país fue proporcionada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) institución que ofrece el mismo equipamiento y servicio en sus oficinas ubicadas en todas las capitales provinciales.

Qué bien se TV

El sistema de enlace posee un software que permite fragmentar la imagen que las partes observan en vivo en un televisor ubicado en la sala de juicio. De esta manera se puede ver en forma simultánea al testigo y a las partes. Y tanto la Fiscalía, como la Defensa y los jueces pueden repreguntar sin ninguna limitación.
Según explicaron en la Justicia, en el lugar donde se encuentran los testigos sólo hay personal del CFI y ni siquiera ingresan efectivos policiales. La identidad de quienes declaran se constata acercando el DNI a la cámara de video para que puedan observar los datos en el sitio del juicio.
Antes de la utilización de este procedimiento, los jueces debían realizar exhortos a sus pares de otra jurisdicción para que tomaran ellos los testimonios. Los interrogatorios se mandaban por escrito.
También existía la posibilidad de trasladar al testigo hasta la provincia. En ese caso el Poder Judicial debía hacerse cargo del costo de pasajes y estadía, si la persona manifestaba no contar con medios económicos para solventar el viaje.

Experiencia positiva

"Es una medida práctica que además recepta las recomendaciones formuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso de la tecnología en procesos judiciales", explicó al diario del Fin del Mundo el fiscal Daniel Curtale.
Por su parte el juez Roberto Magraner aclaró que en cada causa en particular las partes tienen que prestar consentimiento expreso para la utilización del mecanismo. "La modalidad se usará en casos puntuales, cuando se evalúe necesaria. La experiencia fue positiva porque permitió a las partes y al tribunal realizar las valoraciones sobre los testimonios que se realizan cuando las personas están presentes en el recinto", abundó el magistrado.

La Corte Nacional, en el mismo camino Según informa el diario electrónico Noticias Judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó el llamado para la "contratación de provisión, instalación y puesta en marcha de sistemas de videoconferencia para distintos puntos geográficos del país dentro de la jurisdicción del Poder Judicial de la Nación, por el término de treinta y seis meses". Según fuentes de la Corte citadas por el medio, la tecnología "permitirá ahorros en costos de desplazamientos", por lo que "destinó una reserva de fondos por la suma total de $ 7.245.000". La decisión del máximo órgano judicial del país fue adoptada mediante el dictado de la Resolución 443/2010 con la firma de los ministros Carmen Argibay, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti. En septiembre de 2009, la Corte ya había inaugurado una sala propia de videoconferencias, en el marco de "las Políticas de Estado para el Poder Judicial" que surgieron de diferentes jornadas de magistrados nacionales. El medio electrónico menciona la existencia de un proyecto para implementar un sistema de videoconferencia entre el Poder Judicial de la Nación y el Servicio Penitenciario Federal, lo que permitiría la "ejecución de audiencias sin necesidad de proceder al traslado físico de los internos", además de "ahorrar erogaciones innecesarias de logística y de personal de seguridad".