D
esde el Gobierno provincial recibieron con satisfacción la resolución del juez Pablo Duarte de intimar al SUTEF a desalojar la carpa montada frente al domicilio particular de la gobernadora Fabiana Ríos en Río Grande, tras la medida cautelar presentada por su esposo, Gustavo Longhi, en resguardo de la hija menor del matrimonio.
A raíz de la protesta, la menor se ve imposibilitada de ingresar a su casa desde el pasado jueves dadas las frecuentes amenazas e insultos a las que fueron sometidos tanto ella como sus padres, por parte de quienes permanecen en la carpa.
El ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, aclaró que la denuncia presentada por el esposo de la Mandataria "fue realizada con el solo objetivo de proteger los derechos de una adolescente, que se encuentra muy afectada al no poder entrar libremente a su propia casa".
El Gobierno negó asimismo que la denuncia se trate de algún tipo de represalia para con el gremio, ya que "aquí se está hablando del derecho a la libertad e intimidad de una familia, que en este caso es la de la Gobernadora, pero que puede ser cualquier otra familia de la provincia".
El funcionario llamó a la reflexión de la dirigencia sindical recalcando que "los conflictos salariales deben resolverse en los ámbitos que corresponden, y no es justamente ni la familia de un funcionario ni los propios vecinos del lugar quienes tengan que soportar estos actos patoteriles muy poco adecuados para quienes cumplen la función de ser educadores".
Por otro lado, vecinos de la zona han efectuado denuncias ante la Municipalidad de Río Grande por el corte de las calles –que requieren de una autorización previa que nunca existió– y por el constante alto volumen de la música que proviene desde la carpa.
Hasta el momento, el Municipio como responsable primario de los espacios públicos no ha adoptado ninguna medida ni tampoco brindado respuestas acerca de la situación.
