Tras la presentación realizada por el concejal Gustavo Longhi

El juez desmintió haber ordenado el desalojo de la carpa docente en Río Grande

15/04/2010
E
l juez de Familia y Minoridad de Río Grande, Pablo Duarte, negó haber dispuesto el desalojo de la carpa montada por docentes frente a la casa de la gobernadora Fabiana Ríos, y aclaró que sólo dispuso medidas para garantizar que no se afecte el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de la hija de Ríos y del concejal Gustavo Longhi.
Duarte intervino en el caso a raíz de la presentación realizada por Longhi como representante de su hija menor de edad, a quien los dirigentes gremiales le impedían el ingreso a la casa o le permitían hacerlo pero en medio de situaciones de violencia, según esgrimió el concejal.
El magistrado notificó a las personas que se encuentran en la carpa docente que deberán cesar cualquier accionar que vulnere los derechos de la menor, bajo apercibimiento de la aplicación de multas, pero aclaró que ello no implica el desalojo de la estructura montada por el sindicato.
"Me enteré por un portal que había ordenado un desalojo que efectivamente no ordené, ni el desalojo ni ningún acto compulsivo", señaló el magistrado respecto de la información que en tal sentido difundió el martes por la tarde la Secretaría de Comunicación Institucional del Ejecutivo fueguino.
También se ocupó de aclarar, en diálogo con Radio Nacional Ushuaia, que la resolución "no está dirigida contra ningún gremio, sino contra personas en principio indeterminadas", aunque después agregó que por la misma disposición se ordenó a un oficial de justicia "individualizar a las personas que se encontraban en el lugar". "Aquí se presentó un papá en representación de su hija, en atención a que lo que estaba haciendo un grupo de gente en la puerta del domicilio impedía el normal desenvolvimiento de la vida de la niña, y por eso solicitó que se dispongan algunas medidas", relató el juez.
Y agregó que "con los elementos que me acompañaban, entendí que, en principio, lo denunciado era veraz. Y como los menores tienen una amplia protección que dan las leyes, la Constitución y normas supra constitucionales que hoy están integrando nuestra legislación, actué como se lo hace habitualmente en estos casos".
Según precisó el magistrado, lo que se dispuso fue que cesaran los actos que podían implicar alguna vulneración en los derechos de la hija de Ríos y Longhi, que no se impidiera el normal desenvolvimiento de su vida y que, en caso de incumplimiento se aplicara un multa.
La parte resolutiva de la decisión judicial, leída al aire por el propio Duarte, estableció que debía "hacerse saber a las personas que se encuentran obstaculizando el ingreso de la niña al hogar, que deberán cesar en estos hechos, garantizando el ingreso y egreso de la joven, respetar su intimidad y no generar situaciones de violencia de ninguna índole que puedan afectar su normal desenvolvimiento cotidiano".

Lo mismo que un juicio comercial

Por otro lado, el juez también puntualizó que como es de conocimiento público, la carpa no está montada directamente sobre la puerta de la casa de la gobernadora, sino a unos metros, por lo que no impide directamente el acceso.
"Indudablemente (la carpa) debe generar molestias en general a todos los vecinos, no solamente a esta familia. Pero yo soy juez de familia. Los afectados tienen otro tipo de acciones que no están bajo mi órbita. Ahora si las ejercen o no, no es un problema mío", deslizó Duarte dando a entender otros posibles remedios judiciales.
Consultado sobre quién será el encargado de verificar el cumplimiento de la medida dictada por el juzgado a su cargo, el magistrado sostuvo que al tratarse de un juicio de carácter civil, cada parte tiene derecho de volcar su opinión. "Si hay un incumplimiento tendrá que denunciarlo quien es el damnificado y tendrá que acreditar el incumplimiento con los medios de prueba que estime que corresponden. Si usted hace un juicio comercial y no le pagan lo que el juez mandó a pagar, usted tiene que denunciar que no le pagaron y el otro podrá acreditar que pagó con un recibo", comparó Duarte sin reparar que, en este caso, no se trata de un pago lo que está en juego sino la integridad de una menor de edad.

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