Envíe esta nota por email

l Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Tierra del Fuego, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Tierra del Fuego y el Colegio Público de Abogados de Río Grande, ante los innumerables atropellos y arbitrariedades que sufren los profesionales matriculados por parte de la Inspección General de Justicia, y después de infructuosos contactos mantenidos con sus directivos, instan a las autoridades provinciales a instrumentar las medidas que sean necesarias para el normal funcionamiento de este importante organismo de control.
Desde la sanción de la resolución de la I.G.J. Nº 60/2007, la Inspección General de Justicia se ha transformado en un obstáculo para el normal funcionamiento de sociedades, asociaciones y otros, haciendo perder tiempo y dinero a los matriculados que representan estas instituciones y a sus clientes, con interpretaciones caprichosas, arbitrarias y contrarias a la ley.
Es por ello que solicitamos a los máximos responsables del Gobierno Provincial, intervenir en el organismo a fin que, sin dejar de cumplir su función de control, deje de ser un impedimento para el normal desarrollo de las actividades comerciales y asociativas.