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26 meses de que la gestión Ríos resolviera dejar sin efecto el decreto por el que se había aprobado la estructura de funcionamiento del Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior, en el entendimiento de que ese organismo no guardaba "coherencia con las necesidades funcionales de cada una de las jurisdicciones que integran la Administración Pública Provincial", ahora parece haber descubierto su utilidad, por lo que anunció su "implementación inmediata".
Aún cuando resulta imposible evaluar a ciencia cierta en cuánto podría haber influido o no en la resolución o rápida colaboración de las fuerzas de seguridad nacional con la provincial en casos como la desaparición de Sofía Herrera o el asesinato del taxista Antonio Toledo, el cambio de postura del Ejecutivo estaría demostrando que la determinación adoptada el 30 de julio de 2008 resultó apresurada.
Al margen del análisis político sobre esa decisión, resulta llamativo que el Ejecutivo fueguino haya resuelto incumplir abiertamente con la ley nacional de seguridad interior y la ley provincial por la cual Tierra del Fuego adhirió a esa normativa, y que ello no haya merecido el más mínimo reproche legislativo.
En diciembre de 1991 el Congreso de la Nación aprobó la ley de Seguridad Interior, que fue promulgada por el Ejecutivo en a principios de enero del año siguiente. El artículo 18 de la ley 24.059 establece que "en cada provincia que adhiera a la presente ley se creará un Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior. El mismo constituirá un órgano coordinado por el ministro de Gobierno (o similar) de la provincia respectiva y estará integrado por los responsables provinciales del área de seguridad y las máximas autoridades destinadas en la provincia, de Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. Cada provincia establecerá el mecanismo de funcionamiento del mismo y tendrá como misión la implementación de la complementación y el logro del constante perfeccionamiento en el accionar en materia de seguridad en el territorio provincial mediante el intercambio de información, el seguimiento de la situación, el logro de acuerdo sobre modos de acciones y previsión de operaciones conjuntas y de evaluación de los resultados".
A mediados de 1992, el Poder Ejecutivo provincial dictó un decreto por medio del cual adhirió a la Ley de Seguridad Interior y creó el Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior de la Provincia de Tierra del Fuego. En esa norma, todavía vigente, se designó responsable coordinador de ese Consejo al Ministro de Gobierno. La decisión de la gestión Estabillo fue ratificada por la Legislatura con la sanción de la ley 40, a través de la cual se aprobó lo actuado por el decreto 1038/92 y se adhirió la Provincia a la Ley Nacional.
El organismo en cuestión funcionó sin una estructura definida hasta 12 de abril de 2005, fecha en que el destituido gobernador Colazo dictó el decreto 1083/05 que dispuso que el Consejo contaría con "un Jefe Coordinador a designar por el Secretario de Seguridad de la Provincia y un Jefe Administrativo a cargo del Director de Enlace de
Interfuerzas de la Secretaría de Seguridad". Se estipulaba además que los gastos
que demandara esta mínima estructura serían cubiertos por el presupuesto de la Secretaría de Seguridad que funcionaba como tal desde la gestión gubernamental de Carlos Manfredotti, los que para ejercicios futuros debían contar con una partida especifica.
Con la llegada de Fabiana Ríos al Poder Ejecutivo en diciembre de 2007, se desactivó la secretaría de Seguridad y 7 meses después se hizo lo propio, por decreto 1477/08, con el Consejo de Seguridad.
El pasado lunes 12 de abril, el Poder Ejecutivo creó dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia la Secretaría de Seguridad, al frente de la cual designó, una semana después, a la ex Subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Gobierno, Graciela Arguello.
Ese mismo 12 de abril, se suprimió de la estructura funcional de ese ministerio a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Patronato de Liberados y se dejó sin efecto la designación de Hugo Zoraida en el cargo. Justamente éste habría sido el funcionario que habría recomendado a los responsables de la cartera política desactivar el Consejo de Seguridad.
