E
l intendente Federico Sciurano y funcionarios del gabinete municipal se presentaron ayer en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, a partir del pedido de interpelación al subsecretario de Servicios Públicos, Hugo Cano, y la secretaria de Gestión Urbana Viviana Guglielmi, presentado ayer por los concejales de la oposición tras la denuncia civil del Tribunal de Cuentas de la Provincia por un presunto perjuicio fiscal al abonar la suma de $21998 a la cooperativa Magui–Mar para la realización de diferentes tareas en la ciudad, lo que según el organismo de control se habría concretado sin ningún acto administrativo que apruebe dicho pago.
Por su parte, los concejales Juan Carlos Pino y Luis Cárdenas aprovecharon la presencia del gabinete municipal en el recinto de sesiones, para evacuar una serie de dudas referidas a la contratación de la cooperativa Magui–Mar y el procedimiento administrativo que se llevó adelante para ese fin. En ese sentido, Pino hizo referencia a las resoluciones emitidas por el Tribunal de Cuentas, que incluyeron sanciones a distintos funcionarios del ámbito municipal, y solicitó las explicaciones del caso a la secretaria de Gobierno Patricia Bertolín.
Al respecto, la funcionaria aseguró que "no hubo perjuicio fiscal" y aclaró que se están utilizando las herramientas correspondientes en el ámbito judicial, el Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante, a fin de aclarar todos los aspectos referidos a la denuncia en cuestión y el proceder administrativo del Departamento Ejecutivo al momento en que se contrató a la cooperativa. Asimismo, los presentes en el recinto detallaron las acciones realizadas en cuanto a la seguridad pública, tema de gran interés para la comunidad, e indicaron que se encuentra en análisis un proyecto para implementar un sistema de cámaras de seguridad en el interior y exterior de los vehículos afectados al transporte público. En otro sentido, se informó a los ediles acerca de los avances en materia habitacional y de obras públicas, con la entrega de alrededor de 200 lotes a partir de la urbanización en distintos sectores de la ciudad, y la construcción del puente del Río Pipo, obras de asfalto y cordón cuneta en diversas arterias.
Por su parte, el edil Luis Cárdenas aclaró que desde el bloque político que representa "no estamos en contra del trabajo de la cooperativa Magui–Mar", y destacó que "solamente buscamos aclarar las cuestiones referidas a la contratación de esa cooperativa".
Tras el debate, la concejal Adriana Chapperón explicó que a su entender, a partir de la presencia de la secretaria de Gobierno, Patricia Bertolín, el secretario de Hacienda y Finanzas, Gustavo Zamora, el subsecretario de Servicios Públicos Hugo Cano y la secretaria de Gestión Urbana Viviana Guglielmi, junto al Intendente, "el balance es muy positivo", ya que "los pedidos de informes que se hicieron durante el día miércoles y el pedido de interpelación a los funcionarios por una presunta causa de perjuicio fiscal ameritaban que se llevara tranquilidad a la comunidad de que más allá de las diferencias, puede presentarse el Intendente y su gabinete en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, para despejar dudas".
"Se evidencia una sensación de vacío que siente la comunidad cuando nos ve discutir asuntos tan importantes referidos al dinero público", indicó Chapperón, explicando que el bloque oficialista no acompañó el pedido de interpelación bajo el entendimiento de que "no era necesario llegar a una interpelación, se podía llamar a los funcionarios para evacuar todas las dudas, y se presentarían como lo hicieron hoy".
Asimismo, la edil sostuvo que "esto es para que la comunidad sepa que el Ejecutivo va a dar cuentas de todo lo que corresponda, y que los mecanismos de control están funcionando", y aseguró que "el hecho de que el Tribunal de Cuentas haga una presentación de una presunción de perjuicio fiscal no significa nada más que eso, los funcionarios están defendiéndose de estas acusaciones en el ámbito que corresponde, demostrando que no existe tal perjuicio fiscal".
"La justicia tiene sus tiempos, el Concejo Deliberante los suyos, y la comunidad se merece que los funcionarios y los concejales demos una respuesta para que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo", señaló la concejal de la Unión Cívica Radical, agregando que de esta manera se intenta que la sociedad "tenga la tranquilidad de que cada uno de los funcionarios responderá con su patrimonio si hubiese un perjuicio fiscal, lo que obviamente nosotros negamos rotundamente".
Finalmente, cabe destacar que la interpelación aprobada por mayoría de los ediles durante la sesión ordinaria, está prevista a realizarse el 15 de junio a las 11 horas. A partir de la presencia de funcionarios durante la jornada de ayer, Chapperón manifestó que "los concejales evaluaremos si es conveniente o no la interpelación".
