L
a Cámara de Apelaciones de la Provincia confirmó esta semana el auto de procesamiento contra los últimos dos imputados que tenían su situación sin resolver en la causa que investiga un negociado con Letras de Tesorería durante la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro.
Se trata del ex director contable del Ministerio de Economía, Horacio Medone, y de la agente contratada Ana María Danna, quienes habían sido procesados en una instancia anterior aunque ese fallo había sido revertido por la misma Cámara.
Con este nuevo pronunciamiento, tanto Medone y Danna, como el ex ministro Horacio Sosa, el ex Tesorero y Contador General, Alfredo Iglesias, la empleada María Lorenza Moreno y comerciante Ariel Arrébola, enfrentarán un juicio oral y público acusados del presunto delito de peculado, equivalente a la sustracción de fondos públicos.
El caso se remonta al 22 de enero de 2008, cuando los legisladores del ARI radicaron ante la Justicia de Ushuaia una denuncia penal, solicitando que se investigaran presuntos delitos cometidos en la operatoria de pago con Letras al comerciante Arrébola.
La presentación dio origen a la causa N° 21814, caratulada “Crocianelli Roberto Luis y otros sobre denuncia”, en la que intervinieron los fiscales Marcela Bragulat y Guillermo Massimi, y el juez de instrucción Javier De Gamas Soler.
Arrébola es el propietario de Compuline, un comercio dedicado a la venta de insumos y servicios informáticos que supo tener varias sucursales en Río Grande.
El comerciante tenía vinculación con el ex gobernador Hugo Cóccaro a partir de haberle prestado servicios a la empresa de construcción Cóccaro Hermanos. De allí también surgió una relación con Horacio Sosa, quien trabajó para la misma firma y en 2007 se desempeñaba como ministro de Obras Públicas a cargo del Ministerio de Economía, en la parte final de la gestión justicialista disidente.
Según declaró el propio Arrébola ante la Justicia, fue Sosa quien le propuso efectuar algunas operaciones con el gobierno provincial, y quien le dijo que para ello, tenía que entregarle un talonario de facturas en blanco. El ministro se encargaría de llenarlas y de concretar la operación. Luego lo llamaría para cobrar, y para quedarse con un porcentaje de lo facturado.
Arrébola asegura que le entregó el talonario a Sosa en mano, en el interior de su negocio y en horas de la tarde. Era octubre del año 2007. También sostiene que hasta ese momento, pensaba que se trataba de operaciones legales, que se iba a prestar un servicio concreto, y que él se iba a quedar con una ganancia.
La investigación judicial demostró que en julio de 2007, el Ministerio de Economía abrió siete expedientes administrativos cuyo único fin habría sido sustraer dinero público. Los trámites fueron caratulados y se les realizó una imputación preventiva de fondos a cuatro de ellos, para garantizar que tuvieran respaldo presupuestario. Después quedaron en un cajón hasta el 10 de diciembre, en que les efectuaron imputaciones preventivas a los tres expedientes restantes.
El juez comprobó que el 13 de diciembre, para dar apariencia de legalidad a la maniobra, se suscribieron resoluciones falsas de la Secretaría de Contrataciones y Suministros, aprobando gastos por servicios que jamás se prestaron. Los documentos se habrían impreso desde una misma computadora ubicada en el Ministerio de Economía, que fue individualizada durante la investigación. Incluso se simuló un giro de los expedientes a través del sistema informático de Gobierno, cuando en realidad, los papeles nunca se movieron de la oficina original. Las resoluciones, además, tenían firmas falsificadas.
Sin haberle vendido ningún insumo, ni prestado ningún servicio al Estado, la Provincia le debía ahora al comerciante Arrébola, 1.753.530 pesos con 94 centavos, que incluían un monto en concepto de intereses y se distribuían en 11 facturas.
¿Cómo se pagó y a dónde fue el dinero?
En 2007 la provincia atravesaba serias dificultades financieras. Ello motivó que la Legislatura autorizara al Ejecutivo, mediante la ley N°751, a emitir hasta 70 millones de pesos en Letras de Tesorería. La gestión de Cóccaro produjo un sobregiro de más de 6 millones de pesos, porque en total emitió 719 Letras por un monto de 76.448.144 pesos con 10 diez centavos.
El 14 de diciembre de 2007, último día hábil de Cóccaro en el poder, fue una jornada maratónica para los expedientes del comerciante Arrébola. La Contaduría General realizó la imputación definitiva de recursos y el devengado final de los siete expedientes. Con firmas adulteradas, fueron emitidas las correspondientes Órdenes de Pago que se giraron de inmediato a la Tesorería General de Gobierno, donde finalmente fueron emitidas 18 Letras de Tesorería en favor del propietario de Compuline. En total fueron 21 movimientos administrativos en un mismo día.
Arrébola viajó desde Río Grande a Ushuaia ese 14 de diciembre. Llegó a Casa de Gobierno, esperó, y endosó las Letras a favor de terceros. Todas menos dos, por 200 mil pesos, que recibió como paga por los servicios prestados.
Algunos datos hablan por sí solos. Arrébola nunca terminó su trámite de inscripción como proveedor del Gobierno. Apenas se anotó por Internet. Su negocio, Compuline, le vendió al Estado en la operatoria de las Letras, el equivalente a dos años de la facturación habitual del comercio. Todos los expedientes de la operación están desaparecidos.
¿Quiénes cobraron las Letras?
Arrébola declaró en la causa judicial haber cobrado las dos Letras por unos 200 mil pesos, que le entregó el ex ministro Sosa como pago por sus servicios. También dijo que el propio Sosa lo llamó por teléfono en enero de 2008. Le pidió que pasara a buscar otra Letra por un lugar determinado de Río Grande, y que luego de cobrarla en el banco le entregara el dinero a una persona que no identificó. Otras Letras terminaron en poder de empresas privadas.
Entre esos casos figura el del presidente de la Asociación de Bomberos 2 de abril, Horacio Galego.
Galego declaró que el 18 de diciembre de 2007 estaba en Casa de Gobierno gestionando el pago de subsidios atrasados al cuartel, cuando “una persona”, que sería un proveedor de Río Grande, le preguntó si quería comprar Letras de Tesorería. El que vendía tenía 600 mil pesos en 6 letras de aproximadamente 100 mil cada una. Y le dijo que “por la mitad de su valor las reviento”.
Galego dice que le compró cuatro letras por un valor de $400 mil pesos, al 60% de su valor. O sea que pagó por ellas $240 mil.
Contó que después de averiguar en Contaduría si las letras eran válidas, le pidió al vendedor “media hora”, y que en ese tiempo juntó el dinero. Explicó que fue a su casa y tomó alrededor de $180 mil que tenía guardados en una caja fuerte. Luego fue a la vivienda de su madre, quien le entregó $30 mil, y después al domicilio de su cuñado que le prestó otros $30 mil.
El dirigente de los bomberos volvió a Gobierno y le pidió al tenedor de las Letras que lo esperaba en su camioneta, una Toyota gris, estacionada en 25 de mayo entre San Martín y Maipú. El hombre llegó enseguida, subió a la camioneta y le dio las Letras, mientras que Galego le dio el dinero que fue guardado en una carpeta tamaño oficio con cierre.
El 5 de mayo de 2008, el juez de instrucción Javier De Gamas Soler procesó a las seis personas acusadas de haber sido autoras o partícipes de la maniobra ilícita. La Cámara de Apelaciones confirmó los procesamientos en diciembre de 2008, con excepción del de Madone y Danna, quienes de todos modos fueron procesados nuevamente el 12 de mayo de 2009. Ese fallo fue apelado y la Cámara acaba de confirmar los procesamientos.
RECUADRO ADJUNTO
Textual del juez
Los siguientes fragmentos corresponden al auto de procesamiento dictado en el caso Arrébola por el juez Javier De Gamas Soler. El último de ellos pareciera hacer referencia a una asociación ilícita, aunque el magistrado no sostuvo esa calificación en el expediente:
“Concluido el seguimiento de los pasos efectuados en cada uno de los expedientes administrativos, cabe consignar que la totalidad de ellos se encuentran desaparecidos”.
“Como punto de conclusión del seguimiento dado, existe además un denominador común en la totalidad de los expedientes detallados precedentemente, cual es la no prestación del servicio o, más precisamente, la falta de entrega de los insumos”.
“Se encuentra probado, con la precariedad que exige el presente auto, que se efectuó la sustracción de fondos públicos sin contraprestación de servicio alguno, para lo cual han sido llevadas a cabo diferentes maniobras tendientes a generar una apariencia de legalidad de la sustracción, y evitar la verificación de la ilegalidad en la que se incurrió (…) para lo cual podría afirmarse que se crearon expedientes con fines espurios.
“Desde una computadora del mismo gobierno provincial fueron creados los documentos que simulaban las resoluciones de estilo. A tal fin se simuló por sistema que los aludidos expedientes, habían sido girados a la Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento, sin que esto acontezca materialmente, es decir, los expedientes no salieron de la esfera de custodia de los autores del ilícito”.
“Se han reunido con el fin de sustraer dineros públicos un ministro de Economía, un Tesorero General, personal idóneo de la Contaduría General, personal de planta permanente y contratada, con conocimiento acabado de los procedimientos administrativos necesarios aportantes de aquella apariencia y una persona fuera del ámbito del Estado, que hace las veces de proveedor aportando documentación que permitiría consentir el pago de un servicio, todos ellos trabajando en una forma perfectamente coordinada y aceitada en la cual cada uno cumplía con un rol específico, y a su vez, necesario”.
