Se encuentra en el Senado y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de Nación
E
n la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con una sala colmada de participantes, se realizaron el martes las jornadas de impulso a la Ley Nacional de Salud Mental. Dicho proyecto, de autoría del ex diputado fueguino Leonardo Gorbacz, se encuentra en el Senado y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de Nación.
Gorbacz participó de la mesa inaugural junto a los senadores Samuel Cabanchick y Liliana Fellner, y a la diputada Silvia Storni, quienes coincidieron en los aspectos fundamentales de la iniciativa y en la importancia de darle pronta sanción definitiva.
La apertura de la jornada de trabajo estuvo a cargo de Victoria Martínez, Directora Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. También participaron exponiendo sus puntos de vista, favorables al proyecto, el Presidente del INADI Claudio Morgado, el Director Nacional de Salud Mental Yago Di Nella y el ex–Presidente de la Comisión de Salud de Diputados y actual Asesor del Ministerio de Salud Juan Sylvestre Begnis.
La mesa de cierre estuvo a cargo de organizaciones sociales como el CELS, la Colifata, delegados de los trabajadores y asociaciones de usuarios y familiares. “La unanimidad en el apoyo a la Ley es muy amplia y consistente, y esto tiene que ver no sólo con la coincidencia en los contenidos sino también con que todos quienes hoy apoyan este proyecto en su momento participaron de los debates y aportaron a la letra de la ley”, dijo Gorbacz al finalizar el encuentro.
El proyecto, que se basa en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece un cambio de paradigma en salud mental, orientando la atención de las patologías fuera de los hospitales conocidos como “manicomios”. Prohibe taxativamente la habilitación de nuevas instituciones de esas características e impulsa la creación de dispositivos que no aíslen al paciente de su comunidad. Establece el principio de “presunción de capacidad” y la necesidad del consentimiento, respetando la autonomía de las personas para la toma de decisiones sobre su tratamiento y sobre su vida en general, siempre que ello sea posible. También prevé un aumento gradual del presupuesto destinado a la salud mental, y pone distintas restricciones a las declaraciones de insania, que son las medidas judiciales que restringen derechos civiles en aras de una supuesta protección de las personas. Además limita la discrecionalidad de los jueces para determinar medidas que atenten contra la libertad de las personas.
