E
l presidente del bloque del FPV justificó la demora legislativa para ratificar el Fideicomiso Austral en la necesidad de contar con el visto bueno de los municipios para resignar coparticipar sobre el porcentaje de regalías costa afuera que la Nación transferirá a la Provincia y con un dictamen de la Fiscalía de Estado que avale la eximición de impuestos a las empresas que construyan las obras financiadas a través de ese fondo.
Ricardo Wilder, a través de una gacetilla de prensa, aseguró que haber resuelto mantener en comisión el convenio con nación que contempla la constitución del fideicomiso austral “no significa que el proyecto no se va a aprobar, sino que se requiere del tratamiento técnico del mismo”, específicamente en lo relativo a la cuestión impositiva y de coparticipación a los municipios.
Sobre esta ultima cuestión indicó que “por la ley de coparticipación de recursos a los municipios, que es la Ley N º 191– anterior incluso a la provincialización de Tierra del Fuego– las regalías deben ser participadas a la municipalidades en un 15%. Este proyecto del Fideicomiso, que se alimenta de regalías de gas y petróleo, no contempla para nada la parte que deben repartirse entre los municipios, y salvo que estos cedan voluntariamente estos nuevos recursos o acuerden su participación con obras de la órbita municipal, estaríamos violando este marco normativo sobre el que ha habido muchas controversias, entre ellas la que dio lugar a la destitución de un gobernador. Creemos, que este tema debe ser abordado con los Intendentes, y si ellos están dispuestos a ceder ese 15%, y los Concejos Deliberantes de cada ciudad no se oponen, entonces no tendríamos problemas en aprobarlo”, señaló.
Este aspecto había sido abordado por los Legisladores con el Fiscal de Estado y el Tribunal de Cuentas, cuando los órganos de control fueron convocados para que fijaran postura sobre el fideicomiso. En esa oportunidad la duda de los parlamentarios no estuvo referida a si los fondos cedidos por Nación debían coparticiparse con los municipios, sino con el tratamiento que debía darse en la materia respecto del aporte que la provincia debe hacer al fideicomiso, al que debe destinar el 50% de los ingresos por las regalías hidrocarburíferas que se obtengan de las áreas actualmente en curso de licitación y de toda otra que se explote sucesivamente dentro de la jurisdicción provincial. La respuesta dada tanto por parte del Fiscal, el Ministro de Economía como de legisladores del oficialismo fue que las regalías afectadas al fideicomiso quedaban por fuera del régimen de distribución en vigencia, de allí la conveniencia de ratificar el acuerdo por ley para dar así correcto marco legal a esta redefinición en materia de coparticipación de regalías futuras.
En cuanto a la cláusula del convenio que establece la obligación por parte de la Provincia de eximir del pago del impuesto a los sellos e ingresos brutos los contratos, obras y transacciones relacionadas con las obras a ejecutarse en el marco de este acuerdo con Nación, el parlamentario sostuvo que esta cuestión merece un profundo análisis, por cuanto “la Constitución provincial establece, claramente, que ningún funcionario puede eximir ni condonar impuestos, con lo que en comisión se necesita la opinión del Fiscal de Estado, para que fije posición o dictamine sobre este particular”, sostuvo.
Wilder señaló que “es nuestro deber realizar estas consultas antes de aprobarlo”, ya que dijo que por una cuestión similar a esta “se cuestionó desde la Justicia la constitucionalidad del convenio de venta de gas en especies y cobro de regalías anticipadas, más conocido como contrato con empresas de capital chino, así que no vaya a ser que luego de aprobado este convenio, se desnaturalice o termine siendo judicializado por desconocer antecedentes”.
Este planteo parece ir a contramano de anteriores decisiones adoptadas por la Legislatura en materia de tributos. En diciembre de 2007, y tras el incendio que destruyó las instalaciones que la empresa BGH tenía en Río Grande, el parlamento aprobó una ley mediante la que estableció que la empresa sería “beneficiaria de Tasa Cero para el pago de todos los impuestos, tasas y/o contribuciones, cuya recaudación se encuentre a cargo de reparticiones de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”. Esta eximición de impuestos se dictó con una vigencia de 1 año, por lo que agosto de 2008, y al no haber todavía la empresa finalizado con la reconstrucción total de la planta, la actual Legislatura resolvió Prorrogar el beneficio de tasa cero por otros 6 meses. En ninguna de esas dos oportunidades hubo consulta formal del Parlamento a la Fiscalía de Estado.
Al margen de estos planteos de orden técnico, Wilder aprovechó para responsabilizar al Poder Ejecutivo por estas demoras parlamentarias. “Si el proyecto era explicado en la Legislatura por el ministro de economía y se hubiera ido perfeccionando, creo que se hubiera ganado tiempo, pero no fue así. Las cosas se mandan en crudo y después quedamos nosotros como que queremos frenar la gestión del gobierno, cuando en realidad siempre mandan los proyectos sin el más mínimo análisis, plagado de errores, para descargar en la Legislatura las culpas de sus propias inconsistencias”, fustigó el legislador opositor.
También cargó especialmente contra el legislador Raimbault. Recordó que durante la gestión del ex gobernador Cóccaro “se logró persuadir al gobierno nacional para que le participe a la provincia de las regalías costa afuera que hoy cobra la nación” y que cuando el proyecto fue remitido a la Legislatura “quienes eran legisladores del ARI, Manuel Raimbault y José Martínez, que hoy hablan maravillas del mismo proyecto, decían que Cóccaro estaba haciendo lobby con las empresas petroleras y se opusieron al mismo, lo que refleja la falta de coherencia de este gobierno”. “La verdad que si Raimbault y el senador Martínez que eran del ARI, le hubieran aprobado este proyecto a Cóccaro en lugar de oponerse sistemáticamente a todo, esta obras ya estarían en marcha y algunas terminadas”, aseguró.
Certificación del Tribunal de Cuentas
El parlamentario del FPV también mencionó que el bloque que preside considera como una “muy buena iniciativa del Ejecutivo Nacional” el programa federal de desendeudamiento, y que están de acuerdo con ratificar la adhesión. Pero indicó que el paso previo “ineludible” para dar el visto bueno legislativo es que “el Tribunal de Cuentas certifique el monto total de la deuda a refinanciar, sino estaríamos convalidando un monto de deuda de más de 350 millones, que se refinancia en mejores condiciones, pero que requiere de la certificación contable. Por ello es que el convenio prevé un plazo de 90 días para su estudio, y fundamentalmente, para conciliar los saldos de deuda y analizar las nuevas condiciones en las que se reprograma, que sin duda son ventajosas. Por eso lo mandamos a comisión”.
Afirmó que “este trámite lo tendría que haber cumplimentado el gobierno provincial antes de mandar el proyecto, así todo hubiera sido más rápido y más prolijo, pero no lo hizo” agregó.
En respuesta a los dichos públicos del legislador Raimbault, en las que había planteado la incoherencia política de los legisladores del FPV por no convalidar una decisión política de la Presidenta de la Nación, Wilder sostuvo que “nosotros somos respetuoso de la iniciativa del gobierno nacional y compartimos este proyecto, pero no somos irresponsables y eso lo sabe la Presidenta. Ella no nos pide “obediencia ciega”, por ello dispuso un plazo de 90 días, sabiendo que se deben conciliar los saldos y dar intervención a los Tribunales de Cuentas de las provincias para certificar la deuda a reprogramar. Todo lo demás, lo que dicen desde el ARI, forma parte de esa manía de hacerse las víctimas, cuando en realidad no saben ni cómo defender un proyecto de ley, y menos argumentar la ratificación de los convenios que mandan a la Legislatura donde tienen seis legisladores”, apuntó.
